El 24 de marzo, la Casa Blanca anunció que la administración estaba centrada en todos los aspectos de la relación bilateral con México porque ésta es vital para sus intereses nacionales.Por ello, Estados Unidos lanzó una serie de acciones bajo el nombre Política de Seguridad en la frontera EU-México: una respuesta comprensiva y de compromiso.Esta política de seguridad tiene tres componentes principales: a) la iniciativa Mérida, que prevé una "inversión" de 700 millones de dólares en 2009 para colaborar con el gobierno de México en fortalecer su capacidad en la aplicación de la ley y su aparato judicial, así como para trabajar conjuntamente en contra de los cárteles de las drogas; b) el despliegue de recursos a la frontera sur por parte del Departamento de Justicia, de Seguridad Interna y del Tesoro; y c) el renovado compromiso de reducir la demanda de drogas ilegales internamente.Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interna, declaró ante el Senado de Estados Unidos que la violencia en México no sólo era una amenaza internacional, sino un tema de seguridad interna que ellos deben mantener bajo vigilancia. De visita en México, la Secretaria de Estado Hillary Clinton advirtió que la delincuencia organizada trata de corroer mediante la violencia los cimientos de la ley, el orden, la amistad y confianza que existe entre ambas naciones, pero que no lo lograrán.La pregunta es si con esta política de seguridad se podrán contener las acciones violentas del narcotráfico y sus terribles consecuencias sociales.Al considerarnos como parte de una misma familia que comparte una misma casa, ¿cuál será el futuro común que Clinton imagina? ¿Uno de prosperidad y seguridad o uno de conflicto y violencia? La política de seguridad para la frontera sur impulsada por la administración Obama es una respuesta que en el ámbito bilateral y local puede fortalecer la lucha mexicana contra el crimen organizado. El aspecto más positivo es el reconocimiento explícito de que Estados Unidos es corresponsable del problema al mantener un mercado de 20 millones de consumidores de drogas, al no mantener un control estricto de armas y dinero ilegal que surte y financia a los cárteles mexicanos.La solución propuesta, sin embargo, tendrá alcances limitados en tanto que sólo ofrece estrategias de control reactivas, basadas en equipamiento, intercambio de información y capacitación de carácter militar, policial y de justicia, dejando inalteradas las raíces sociales y culturales asociadas al problema del narcotráfico.Sin duda la iniciativa y sus componentes representan un avance importante, sobre todo si se le compara con las políticas estrictamente unilaterales que aplicó la administración Bush. El alcance mayor y los primeros beneficios serán notables en el lado estadounidense, ya que al incrementarse la vigilancia en la frontera sur, sin duda afectará el trasiego de drogas hacia su territorio, tal y como ocurrió con el cruce de inmigrantes.Pero, por otro lado, incrementará los problemas del lado mexicano, que a pesar de la asistencia técnica y financiera, no se cuenta con cuerpos de seguridad capaces en el corto plazo de hacer frente a los efectos perversos que tendrá el sellamiento en la frontera.La reflexión final es poner de manifiesto la necesidad que debe existir en ambos gobiernos y en sus sociedades, de que la situación crítica de inseguridad y violencia obliga a tomar acciones conjuntas, que realmente fortalezcan no sólo la cooperación bilateral, sino que permitan abordar de forma integral y homogénea el combate al crimen organizado.
Uno de los cambios implica reconocer la dimensión transnacional de la delincuencia organizada y cómo ésta afecta el desarrollo social y económico de América del Norte y Centroamérica. Por consiguiente, cualquier iniciativa debe trascender lo bilateral y concebirse como regional, complementar el enfoque militar y policiaco con uno de desarrollo y, finalmente, actuar en el plano estrictamente local, fortaleciendo las capacidades locales de respuesta, tanto en estados como en municipios fronterizos.La advertencia para ambos gobiernos es que los temas de seguridad y migración, principalmente, deben abordarse con un enfoque de políticas públicas (policy) y no en términos políticos (politics).En caso contrario se pueden generar consecuencias no deseadas, promoviendo un "choque de culturas" impulsado por los sectores más retrógradas y trasnochados de ambas naciones, poniendo en peligro nuestro futuro común, y olvidando que el verdadero enemigo es la delincuencia organizada.No hay opción: compartir el éxito o la derrota.
Publicado en El Norte, 29 marzo 2009.