Esta publicación bajo la autoría de Carlos Mendoza es un seguimiento del Cuaderno 5 del ICESI, titulado: El costo de la inseguridad en México, que sirvió como primer referente desglosado de las inversiones y pérdidas que, con motivo del creciente fenómeno delictivo, el Estado y la sociedad habían realizado y sufrido, respectivamente, durante 2008. En esta ocasión se logró articular una segunda investigación que sistematizó, bajo criterios metodológicos y de consulta homogéneos, una nueva base de información que, a diferencia del primer ejercicio, permitirá llevar a cabo ejercicios comparados. Se presentan resúmenes y gráficas que facilitan la consulta de los resultados y su comparación.
La investigación cobró forma porque la crisis de seguridad por la que atraviesa el país hace necesario analizar con mayor profundidad, rigor metodológico e integralidad tanto las diversas causas cuanto las consecuencias del problema, que lesionan el tejido colectivo e inhiben y frenan el desarrollo de las potencialidades de la sociedad, en particular el progreso económico y la distribución del ingreso. Así, hasta hace pocos años, la prioridad de la agenda marcada para revisar el asunto se centró en registrar información sobre el número de posibles hechos delictivos y, luego, en establecer medidas de reacción ceñidas al ámbito policial y de justicia penal para mitigar su daño, soslayándose una visión multifactorial que permitiera valorar el costo social y económico que subyace en los datos de la criminalidad.
En el antecedente de este análisis, se destacó la existencia limitada de referencias documentales y de cifras ordenadas sistemáticamente, que permitieran dimensionar cuántos recursos destinaban o perdían las personas y las instituciones para mitigar o contener las conductas antisociales, reto que motivó la identificación, la clasificación, la compilación y el análisis de información obtenida por fuentes dispersas –en su mayoría abiertas-, para lograr una primera aproximación acerca de cómo el patrimonio público, social y privado resiente los efectos de la delincuencia.
La investigación ha servido como referente sustentado que marcó las bases para efectuar el seguimiento del mismo comparando los resultados con el siguiente año y, como un producto adicional, contrastándolos con el comportamiento de la estadística delictiva y de percepción de la inseguridad. Cierto es que las expectativas originales llamaban a cuestionar aspectos complejos como el impacto del crimen en los flujos de inversión o de turismo en la economía; sin embargo, se llegó a la conclusión de que es más conveniente construir una base de cálculo objetiva y homogénea que hiciera posible incorporar datos referenciables, confiables y comparables a lo largo del tiempo.
Tres perspectivas fueron utilizadas para calcular el impacto económico que en el gasto público tiene prevenir y combatir la comisión de delitos, entendido como el monto de la inversión gubernamental que se destina para atender el problema desde las vertientes preventiva, de investigación y persecución de los delitos, de administración de justicia y de reinserción de los delincuentes. Por otra parte, se calculó el gasto privado, comprendido como el impacto que la inseguridad tiene sobre las personas físicas o morales que son víctimas de un delito, incluidos los delincuentes que son capturados y pierden la oportunidad de tener una vida productiva Finalmente, se hizo una estimación del gasto indirecto, referido como las pérdidas económicas originadas por el temor de la gente a ser víctima de un delito; por ejemplo, como dejar de asistir al cine o, por otro lado, las que se producen por causa del homicidio de una persona que cumplía un rol productivo en la población.
Un reto del primer trabajo consistió en desglosar y presentar, por cada uno de los conceptos y aún de los estados, información desagregada que ofreciera al lector, bajo el riesgo de hacer densa la lectura, tantos datos y cuadros como fuera necesario a fin de respaldar la información recabada, así como un apéndice con el desglose y memoria de cálculo que describiera todas las especificidades que llevaron a los resultados finales. Un documento sin lugar a dudas´excepcional que merece consultarse:
La Red Nacional de Organizaciones Civiles a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso Legal invita al Tercer Foro sobre Seguridad y Justicia: "Construyendo consensos respecto a la implementación de la Reforma Penal" 4 y 5 de mayo de 2011. Asistencia libre, previo registro.
