martes, 29 de marzo de 2011

El costo de la inseguridad en México

Esta publicación bajo la autoría de Carlos Mendoza es un seguimiento del Cuaderno 5 del ICESI, titulado: El costo de la inseguridad en México, que sirvió como primer referente desglosado de las inversiones y pérdidas que, con motivo del creciente fenómeno delictivo, el Estado y la sociedad habían realizado y sufrido, respectivamente, durante 2008. En esta ocasión se logró articular una segunda investigación que sistematizó, bajo criterios metodológicos y de consulta homogéneos, una nueva base de información que, a diferencia del primer ejercicio, permitirá llevar a cabo ejercicios comparados. Se presentan resúmenes y gráficas que facilitan la consulta de los resultados y su comparación.


La investigación cobró forma porque la crisis de seguridad por la que atraviesa el país hace necesario analizar con mayor profundidad, rigor metodológico e integralidad tanto las diversas causas cuanto las consecuencias del problema, que lesionan el tejido colectivo e inhiben y frenan el desarrollo de las potencialidades de la sociedad, en particular el progreso económico y la distribución del ingreso. Así, hasta hace pocos años, la prioridad de la agenda marcada para revisar el asunto se centró en registrar información sobre el número de posibles hechos delictivos y, luego, en establecer medidas de reacción ceñidas al ámbito policial y de justicia penal para mitigar su daño, soslayándose una visión multifactorial que permitiera valorar el costo social y económico que subyace en los datos de la criminalidad.

En el antecedente de este análisis, se destacó la existencia limitada de referencias documentales y de cifras ordenadas sistemáticamente, que permitieran dimensionar cuántos recursos destinaban o perdían las personas y las instituciones para mitigar o contener las conductas antisociales, reto que motivó la identificación, la clasificación, la compilación y el análisis de información obtenida por fuentes dispersas –en su mayoría abiertas-, para lograr una primera aproximación acerca de cómo el patrimonio público, social y privado resiente los efectos de la delincuencia.

La investigación ha servido como referente sustentado que marcó las bases para efectuar el seguimiento del mismo comparando los resultados con el siguiente año y, como un producto adicional, contrastándolos con el comportamiento de la estadística delictiva y de percepción de la inseguridad. Cierto es que las expectativas originales llamaban a cuestionar aspectos complejos como el impacto del crimen en los flujos de inversión o de turismo en la economía; sin embargo, se llegó a la conclusión de que es más conveniente construir una base de cálculo objetiva y homogénea que hiciera posible incorporar datos referenciables, confiables y comparables a lo largo del tiempo.

Tres perspectivas fueron utilizadas para calcular el impacto económico que en el gasto público tiene prevenir y combatir la comisión de delitos, entendido como el monto de la inversión gubernamental que se destina para atender el problema desde las vertientes preventiva, de investigación y persecución de los delitos, de administración de justicia y de reinserción de los delincuentes. Por otra parte, se calculó el gasto privado, comprendido como el impacto que la inseguridad tiene sobre las personas físicas o morales que son víctimas de un delito, incluidos los delincuentes que son capturados y pierden la oportunidad de tener una vida productiva Finalmente, se hizo una estimación del gasto indirecto, referido como las pérdidas económicas originadas por el temor de la gente a ser víctima de un delito; por ejemplo, como dejar de asistir al cine o, por otro lado, las que se producen por causa del homicidio de una persona que cumplía un rol productivo en la población.

Un reto del primer trabajo consistió en desglosar y presentar, por cada uno de los conceptos y aún de los estados, información desagregada que ofreciera al lector, bajo el riesgo de hacer densa la lectura, tantos datos y cuadros como fuera necesario a fin de respaldar la información recabada, así como un apéndice con el desglose y memoria de cálculo que describiera todas las especificidades que llevaron a los resultados finales. Un documento sin lugar a dudas´excepcional que merece consultarse:



Libro Blanco de la Seguridad y Convivencia de Bogotá

En el Prólogo de esta publicación Fabio Giraldo Isaza, Coordinador del Progama en Colombia señala: Es de gran interés para UN-Hábitat presentar este primer resultado del Libro Blanco de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se trata de un instrumento de prospectiva orientado hacia la construcción de un diálogo plural y ojalá encaminado a lograr cada vez un mayor número de consensos multipartitos; son ellos, sin duda, los que cumplen cabalmente los criterios de cooperación de las Naciones Unidas en el país: apoyar los esfuerzos de los colombianos en la búsqueda del fortalecimiento de su institucionalidad democrática, la construcción de condiciones para la paz, la promoción de la convivencia y porque no, garantizar a las víctimas de la violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales, la restitución de sus derechos dentro de los principios de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La mayor dificultad de una política democrática de seguridad son los monoteísmos políticos, que en nuestra perspectiva son en esencia monoteísmos mentales. Estos, exigen un culto único, ignorando las complejidades humanas, esto es, la irreductibilidad y las diferencias de las cosmovisiones individuales y colectivas. Quien obra así, estrangula la expansión del ideario democrático y no logra asumir como lo proponen las metodologías del Libro Blanco, la tensión siempre presente entre la vida creada por los diferentes miembros de la comunidad y la vida colectiva necesaria para la construcción de ciudades seguras y en libertad, enlazando estos preciosos valores y tratando de equilibrarlos sin omitir la ineliminable tensión entre seguridad y libertad, que visto con mayor detalle es la misma tensión entre individuo y sociedad y porque no y con mayor profundidad, entre psique y sociedad.


viernes, 18 de marzo de 2011

Séptima Encuesta Nacional de Inseguridad (ENSI 7-2010)

Durante décadas el Estado mexicano descuidó la generación de estadísticas en materia de victimización y seguridad pública. De hecho, la realización de estudios empíricos sobre criminalidad y victimización está prácticamente ausente en las agendas y presupuestos de las instituciones gubernamentales de los tres niveles: federal, estatal y municipal. Por esta razón, la sociedad civil organizada ha tenido que cubrir esos vacíos de información, no sin esfuerzos y obstáculos, pero finalmente lográndolo con calidad y con el reconocimiento nacional e internacional. Tal es el caso del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), que desde su creación se ha distinguido por la elaboración de estudios académicos, pero sobre todo por ser el pionero en México en el diseño, aplicación y análisis de encuestas de victimización con cobertura nacional, estatal y a nivel urbano. Sin embargo, esta trayectoria del ICESI como rector de las encuestas de victimización se vio interrumpida, al parecer por presiones políticas en 2010. De tal suerte que el 16 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en virtud del cual las Encuestas Nacionales de Inseguridad (ENSI’s) quedaban ahora bajo la responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Ajustándose a recomendaciones internacionales, el ICESI como parte de sus compromisos con la sociedad y responsabilidad profesional elaboró un reporte sobre los resultados de la ENSI 7. Hasta donde fue posible −porque no se tuvo conocimiento completo de la encuesta−, se examinaron las posibles fuentes de error de muestreo y no muestreo. Al no tener el ICESI la rectoría de la ENSI-7, lo cual significa que no tuvo conocimiento ni control de todas las etapas, ni atribuciones para exigir reportes especiales, ni la facultad de tener observadores en campo en todos los estados, no puede dar garantía de la aplicación de esta encuesta, es decir no puede avalarla. Cualquiera que tome la base de datos, con ciertos conocimientos, puede extraer indicadores resultantes. Sin embargo, los comentarios que pueda aportar el ICESI, dada su experiencia, serán de utilidad para que investigadores que hagan uso de la base de datos estén prevenidos y tomen cautela a su discreción.

http://www.icesi.org.mx/documentos/publicaciones/cuadernos/cuaderno_9.pdf