Parche legislativo que no resuelve de fondo el problema de la inseguridad en México
Mario Arroyo Juárez
Cd. de México (12 febrero 2017).- En el Congreso de la Unión se analizará con urgencia y sin diagnóstico una nueva iniciativa de Ley de Seguridad Interior. La premura tiene una explicación clara: el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, alzó la voz y solicitó legislar en la materia: "Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas hay un número importante de muertos que no debería estar sucediendo falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar, no es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes y necesarios presupuestos para atender estas situaciones". Inédita declaración, precisa y contundente.
La pregunta a los legisladores que habrán de analizar las contrapuestas iniciativas sobre el tema es: ¿en verdad necesitamos una Ley de Seguridad Interior? ¿Acaso la reforma constitucional en materia de seguridad pública aprobada por el Senado de la República, literalmente al cuarto para las doce del 17 de junio de 2016 va a ser postergada? Los argumentos de los grupos parlamentarios para modificar la Constitución fueron que se quería tener mejores instituciones policiales y esa reforma, aprobada unos minutos antes de que se diera el martillazo simbólico de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia, está detenida. Sin capacidades y un marco jurídico para las policías, aunque todos levantemos la mano, o las dos, incluyendo a los legisladores, las Fuerzas Armadas nunca regresarán a sus cuarteles.
Además de los motivos expresados por el secretario de la Defensa en diciembre de 2016, conviene revisar los motivos de los principales partidos para legislar sobre la materia. Para el PRI, la Ley de Seguridad Interior es necesaria porque "la seguridad se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa, tales como: el terrorismo, la delincuencia organizada, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos". Para el PAN, porque es necesario "enfrentar amenazas emergentes de naturaleza no estatal como el narcotráfico, el terrorismo y el cambio climático". Según el PRD, "la sociedad mexicana se encuentra actualmente atrapada entre el asedio de los grupos de la delincuencia organizada, la ineficacia y corrupción de muchas de sus corporaciones policiacas, la actuación sin un marco legal claro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y la constante violación a derechos humanos por diversos cuerpos de seguridad, sean civiles o militares".
Es notable el contraste entre las propuestas legislativas y la información empírica disponible. De cada 100 delitos que se cometen en México, sólo seis son del fuero federal y, por tanto, sólo ese reducido universo será materia de la nueva Ley de Seguridad Interior. Es decir, seguirán los mismos niveles de criminalidad, victimización y percepción de inseguridad, ya que los delitos del fuero común seguirán sin ser investigados y perseguidos. En el mejor de los casos, la nueva ley regulará sólo la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, mientras llega ese momento indefinido en que las policías tengan capacidades suficientes.
En 2005, se aprobó la Ley de Seguridad Nacional, criticada en su momento por dejar de lado a las Fuerzas Armadas, y se le llamó "Ley del CISEN", un ordenamiento que regulaba sólo al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ahora, se busca regular una situación de facto y será "La Ley de las Fuerzas Armadas". Hace unos años fue la "Ley de la Policía Federal", y quizás mañana alguien propondrá "La Ley de la Guardia Nacional", que lleva dormida 100 años en el artículo 31 de la Constitución, que a la letra dice que es obligación de los mexicanos: "Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior".
Todo indica que, en la lógica del pragmatismo legislativo y en la tónica de acuerdos cupulares, la Ley de Seguridad Interior será aprobada. Coyunturalmente, se dará relativa certeza a los integrantes de las Fuerzas Armadas, que arriesgan su vida, su bienestar familiar e incluso su libertad para protegernos, pero no nos engañemos, este parche legislativo no resuelve de fondo los factores que generan la inseguridad en México.
Las preocupaciones de que la balanza de la gobernabilidad se incline hacia una opción militar tienen fundamentos, no sólo en la avanzada legislativa que se pretende, sino en el desdén a construir instituciones policiales sólidas. En 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación consideró para Seguridad y Justicia 74 mil millones de pesos, que incluye sólo a la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad; para la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina se designaron 95 mil 744 millones de pesos. Más allá de la distribución presupuestal, que sólo en recursos federales suma más de 170 mil millones de pesos (8 mil millones de dólares con un tipo de cambio de 21 pesos), hay que redefinir la arquitectura del Estado mexicano en seguridad y justicia, no con parches legislativos, sino con una reforma de gran calado que trascienda un periodo legislativo en puerta o votaciones de madrugada.
La discusión tampoco es si se está o no militarizando la seguridad pública, ambas opciones son obsoletas y carentes de viabilidad en una sociedad democrática. Es necesario abandonar los conceptos autoritarios de orden, paz pública y preeminencia en la investigación y persecución de delitos y faltas administrativas. Se requiere avanzar en una legislación de seguridad que proteja y promueva los derechos fundamentales de las personas. Eso hay que ponerlo claro y sin prisas en una reforma constitucional y leyes secundarias por un Poder Legislativo sin apremio, un Poder Ejecutivo sin presiones y un Poder Judicial participativo.
Parafraseando a Enrique Krauze, lo que México necesita es seguridad integral, universal y cotidiana, una seguridad sin adjetivos.
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