Publicado el 14 de febrero de 2010.
Mario Arroyo
Ciudad Juárez es hoy el espejo y el futuro de México. Acosada por la inseguridad y el miedo desde hace varios años, sigue siendo rehén de la delincuencia y de las pugnas políticas que impiden el consenso necesario para instrumentar una estrategia racional, científica y eficaz para reducir la criminalidad.Ante la situación de emergencia que se vive en la ciudad fronteriza, los diferentes niveles de gobierno continúan enfrentando el problema con "política" y no con "políticas".
En los últimos años ha quedado demostrado que la alternancia en el poder no es una variable que beneficie la provisión del servicio de seguridad pública. La desidia, improvisación y falta de visión de Estado de la clase política mexicana ha convertido a la seguridad pública, en lugar de una técnica de gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en una suerte de populismo: gastar dinero de forma irracional con el propósito de adquirir legitimidad, trabajar más en el imaginario colectivo que en resolver los problemas que la inseguridad genera. Buscar votos y no detener delincuentes ha sido el objetivo último de las acciones en ese rubro.
Durante las dos últimas décadas, políticos y gobernantes en México guardaron para sí lo que David Bayley denominó el mayor secreto de la vida moderna: que la policía no previene el delito. Algo que los delincuentes, los expertos, la policía y los gobernantes sabían, pero que los ciudadanos no.Hoy la mentira se ha develado, la farsa ha caído por el peso de la realidad, no sólo en Ciudad Juárez sino en innumerables municipios del País, no habrá estrategia de comunicación que pueda ya ocultar la realidad.
Para recuperar la seguridad perdida es necesario, más allá del discurso, utilizar un enfoque integral basado en nuevos paradigmas que se adapten a las características culturales, políticas y técnicas de cada comunidad. Ello incluye incorporar la investigación científica en seguridad pública, enfocándose no sólo en la criminalidad, sino también en otras variables estrechamente asociadas como la existencia de grupos armados, la violación a los derechos humanos, la impunidad, las insuficiencias en el marco jurídico, el sistema penitenciario, la naturaleza y funcionamiento de las instituciones, la corrupción, la cultura de la legalidad y, con métodos específicos, la delincuencia organizada.
El cambio también requiere integrar los avances de disciplinas como la planeación, la salud pública y los sistemas de información geográfica como una manera de hacer coherente la gran cantidad de datos que generan las distintas fuentes de información (estadística, policial, de inteligencia).El esquema de desagregación geográfica que se necesita incluye el ámbito internacional como referente general, pasando por los diferentes planos subsecuentes, que pueden ser divisiones administrativas, a un plano nacional, estatal, municipal, concluyendo en una etapa local, que puede ser definida en función de la naturaleza misma de la información (por colonia, barrio, área geoestadística básica).
En suma, lo que Ciudad Juárez y México requieren es una política criminológica de Estado que incluya al menos ocho pasos básicos: 1) Obtención de información; 2) Análisis e interpretación de la información; 3) Selección de estrategias; 4) Diseño de programas de prevención y control; 5) Capacitación y entrenamiento; 6) Ejecución de acciones; 7) Monitoreo de acciones y 8) Evaluación.
De quedarse en mero discurso la estrategia integral contra la inseguridad se abre la posibilidad de una situación de mayor conflicto y violencia, en tanto que las respuestas técnicas dadas a través de políticas públicas se seguirán postergando.Los daños a la población, la desconfianza hacia las instituciones, el sentimiento de inseguridad y el miedo al delito anticipan un deterioro aún mayor de la percepción positiva que se tiene de la democracia, que se reflejará en un mayor abstencionismo electoral y una baja participación ciudadana en general en los asuntos públicos, la seguridad incluida, dejando una ventana de oportunidad para que gobernantes y políticos, a pesar de su baja confianza y credibilidad, dejen inermes a los ciudadanos frente a la delincuencia.
Si sigue el estado actual de cosas se generará un círculo perverso donde ni la alternancia partidista ni la democracia representarán medios útiles para mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los mexicanos. De no actuar, lo que está en riesgo es la viabilidad de la democracia como forma de gobierno y de México como Nación.
Ha llegado la hora decisiva.
En los últimos años ha quedado demostrado que la alternancia en el poder no es una variable que beneficie la provisión del servicio de seguridad pública. La desidia, improvisación y falta de visión de Estado de la clase política mexicana ha convertido a la seguridad pública, en lugar de una técnica de gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en una suerte de populismo: gastar dinero de forma irracional con el propósito de adquirir legitimidad, trabajar más en el imaginario colectivo que en resolver los problemas que la inseguridad genera. Buscar votos y no detener delincuentes ha sido el objetivo último de las acciones en ese rubro.
Durante las dos últimas décadas, políticos y gobernantes en México guardaron para sí lo que David Bayley denominó el mayor secreto de la vida moderna: que la policía no previene el delito. Algo que los delincuentes, los expertos, la policía y los gobernantes sabían, pero que los ciudadanos no.Hoy la mentira se ha develado, la farsa ha caído por el peso de la realidad, no sólo en Ciudad Juárez sino en innumerables municipios del País, no habrá estrategia de comunicación que pueda ya ocultar la realidad.
Para recuperar la seguridad perdida es necesario, más allá del discurso, utilizar un enfoque integral basado en nuevos paradigmas que se adapten a las características culturales, políticas y técnicas de cada comunidad. Ello incluye incorporar la investigación científica en seguridad pública, enfocándose no sólo en la criminalidad, sino también en otras variables estrechamente asociadas como la existencia de grupos armados, la violación a los derechos humanos, la impunidad, las insuficiencias en el marco jurídico, el sistema penitenciario, la naturaleza y funcionamiento de las instituciones, la corrupción, la cultura de la legalidad y, con métodos específicos, la delincuencia organizada.
El cambio también requiere integrar los avances de disciplinas como la planeación, la salud pública y los sistemas de información geográfica como una manera de hacer coherente la gran cantidad de datos que generan las distintas fuentes de información (estadística, policial, de inteligencia).El esquema de desagregación geográfica que se necesita incluye el ámbito internacional como referente general, pasando por los diferentes planos subsecuentes, que pueden ser divisiones administrativas, a un plano nacional, estatal, municipal, concluyendo en una etapa local, que puede ser definida en función de la naturaleza misma de la información (por colonia, barrio, área geoestadística básica).
En suma, lo que Ciudad Juárez y México requieren es una política criminológica de Estado que incluya al menos ocho pasos básicos: 1) Obtención de información; 2) Análisis e interpretación de la información; 3) Selección de estrategias; 4) Diseño de programas de prevención y control; 5) Capacitación y entrenamiento; 6) Ejecución de acciones; 7) Monitoreo de acciones y 8) Evaluación.
De quedarse en mero discurso la estrategia integral contra la inseguridad se abre la posibilidad de una situación de mayor conflicto y violencia, en tanto que las respuestas técnicas dadas a través de políticas públicas se seguirán postergando.Los daños a la población, la desconfianza hacia las instituciones, el sentimiento de inseguridad y el miedo al delito anticipan un deterioro aún mayor de la percepción positiva que se tiene de la democracia, que se reflejará en un mayor abstencionismo electoral y una baja participación ciudadana en general en los asuntos públicos, la seguridad incluida, dejando una ventana de oportunidad para que gobernantes y políticos, a pesar de su baja confianza y credibilidad, dejen inermes a los ciudadanos frente a la delincuencia.
Si sigue el estado actual de cosas se generará un círculo perverso donde ni la alternancia partidista ni la democracia representarán medios útiles para mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los mexicanos. De no actuar, lo que está en riesgo es la viabilidad de la democracia como forma de gobierno y de México como Nación.
Ha llegado la hora decisiva.
