Este es el contenido del comunicado que varias organizaciones de la sociedad civil dirigieron el 28 de julio de 2010, al titular del Poder ejecutivo Felipe Calderón Hinojosa, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con copia para todos sus integrantes:En el crítico contexto de inseguridad que vive México, las organizaciones que suscribimos esta declaración expresamos nuestro absoluto desacuerdo con la decisión de excluir a la sociedad civil de la medición de la criminalidad, para dejar que sean sólo las autoridades las que se evalúen a sí mismas en materia de seguridad pública.
El pasado 16 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo que establece que el INEGI será el encargado exclusivo de realizar la encuesta nacional sobre inseguridad en el país. Este punto nunca fue incluido en la agenda, ni votado, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del día 3 del mismo mes.
Desde 2002 las encuestas nacionales de inseguridad han sido realizadas por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), un organismo ciudadano, con la participación de especialistas del más alto reconocimiento internacional, entre ellos, académicos de la UNAM, el ITESM y la Fundación Este País y con amplio respaldo y credibilidad para las organizaciones de la sociedad civil, por la calidad de sus investigadores y el trabajo que realizan en la medición de la inseguridad.
El diseño y metodología empleados por el ICESI en las encuestas tienen el aval de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y sus indicadores son indispensables para conocer de manera imparcial, la magnitud de la criminalidad en las entidades del país. Únicamente con instrumentos de esta naturaleza, aplicados por organismos de la sociedad civil, puede conocerse con objetividad el avance en la lucha contra la delincuencia logrado por los diferentes gobiernos federal y estatales. De ninguna manera se cuestiona la calidad profesional del INEGI; sin embargo, excluir a las organizaciones ciudadanas es una clara señal de que deliberadamente se busca terminar con el contrapeso que la sociedad civil representa para la confiabilidad de las mediciones del fenómeno criminal. De implementarse el acuerdo señalado, los ciudadanos perderemos una de las herramientas más confiables para evaluar las acciones de nuestros servidores públicos en el cumplimiento de su deber constitucional de garantizar la seguridad pública de todos los mexicanos.
Es a las organizaciones ciudadanas a las que les corresponde dar voz a las víctimas. Suprimir su contrapeso en la medición de la criminalidad es antidemocrático. Ya en noviembre de 2009, en el marco de la XXVII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, rechazamos todo intento en ese sentido.
Por lo anterior, demandamos la rectificación del acuerdo aludido a fin de que las encuestas nacionales sobre inseguridad sigan siendo conducidas por la sociedad civil, en particular por ICESI, quien desde el 2002, se ha dado a esa tarea con probidad y calidad.
