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viernes, 26 de septiembre de 2008
El narco y la sociedad mexicana
Universidad de San Diego: El Proyecto de Justicia en México
In September of 2005, the Trans-Border Institute of the University of San Diego (TBI) became the coordinating institution for this multi-year research project on the administration of justice and the rule of law in Mexico. The Justice in Mexico Project is the continuation of a collaborative research initiative entitled the Project on Reforming the Administration of Justice in Mexico at the Center for U.S.-Mexican Studies of University of California, San Diego (2002-2005). Now based at the University of San Diego, the TBI Justice in Mexico Project continues to promote analysis, dialogue, and policy solutions to address a variety of urgent problems related justice sector reform and the rule of law in Mexico and the U.S.-Mexican border region.
The three-fold rationale for the TBI Justice in Mexico Project is based on: (1) the need to decentralize justice sector analysis and reform efforts in Mexico, (2) the need for a greater emphasis on best practices (particularly with regard to promoting transparency and accountability), and (3) the need for a US-based partner for helping to generate neutral analysis on Mexican justice reform initiatives. Site: http://www.justiceinmexico.org/
Monthly News Report Number 35, September 2008:
martes, 23 de septiembre de 2008
México en la era del narco: Encuesta de BBC Mundo
Dos de cada cinco residentes urbanos ha pensado en irse de México debido a la violencia de los carteles de la droga. Además, para la inmensa mayoría, el narcotráfico es el segundo mayor problema que enfrentan los mexicanos después de la corrupción, y muchos creen que la narcocultura está siendo glorificada en el país. Estas son algunas de las principales conclusiones de una encuesta comisionada por BBC Mundo a la empresa Synovate sobre el narcotráfico en México. En ella, 42% de las 1.266 personas que respondieron afirma que se siente más inseguro que hace un año. La encuesta se llevó a cabo entre mexicanos de entre 18 y 64 años, del 28 de julio al 20 de agosto en México DF, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Mérida, Querétaro y Culiacán. El estudio forma parte de una investigación que BBC Mundo hizo sobre el impacto del narcotráfico en los valores y las costumbres de algunos sectores de la sociedad mexicana.
El Insyde renueva su sitio web
El Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (Insyde) es una organización mexicana, autónoma y multidisciplinaria. Su trabajo consiste en elaborar propuestas técnicas, viables y prácticas para contribuir a la transformación de las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia penal y su relación con la sociedad. Tiene como propósito principal el coadyuvar al fortalecimiento del Estado democrático de derecho, dentro de un encuadre de respeto y promoción de los derechos humanos. Son un espacio de articulación y diálogo entre la sociedad civil, la academia y las autoridades. Por ello y con el fin de crear fuertes lazos de comunicación y colaboración, mantienen estrechas relaciones con diversas instituciones de educación y organismos defensores y promotores de los derechos humanos —nacionales e internacionales. Insyde está integrado por un equipo multidisciplinario de especialistas en reforma policial, justicia penal, derechos humanos y comunicación que trabajan en el diseño y desarrollo de herramientas para beneficio de la sociedad. Actualmente este Instituto desarrolla, entre otros, tres grandes proyectos: Oficina de Investigación y Reforma Policial; Oficina de Servicio Técnico a la Sociedad Civil; Proyecto de Violencia y Medios. Cada uno de estos proyectos sigue una dinámica de talleres, conferencias, mesas redondas y foros de discusión, de los cuales surgen publicaciones periódicas, documentos y libros, que se ofrecen para beneficio colectivo y que el visitante puede consultar en su portal web: http://www.insyde.org.mx/
For Your Eyes Only: Ian Fleming and James Bond
To celebrate the centenary of Ian Fleming’s birth, Imperial War Museum London is producing the first major exhibition devoted to the life and work of the man who created the world’s most famous secret agent, James Bond. To celebrate the centenary of Ian Fleming’s birth, Imperial War Museum London is producing the first major exhibition devoted to the life and work of the man who created the world’s most famous secret agent, James Bond. Featuring fascinating material, much on public display for the first time, For Your Eyes Only will look at the author and his fictional character in their historical contexts and examine how much of the Bond novels were imaginary and how far they were based on real people and events. This exhibition will explore the early life of Ian Fleming, his wartime career and work as a journalist and travel writer, and how, as an author, he drew upon his own experiences to create the iconic character of James Bond. Click here for the For Your Eyes Only website:
Transparencia Internacional: índice de percepción de la corrupción 2008
El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (Transparency International) mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado y consiste en un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. El IPC 2008 clasifica 180 países (la misma cantidad que el IPC 2007) en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción). Dinamarca, Nueva Zelandia y Suecia comparten la mayor puntuación, de 9,3, seguidos inmediatamente por Singapur, con 9,2. Al final de la lista se ubica Somalia, con 1,0, precedida por una estrecha diferencia por Irak y Myanmar, con una puntuación de 1,3, y por Haití, con 1,4.
En el caso de México el índice difundido por (TI) lo ubica en el mismo lugar en nivel de corrupción que hace tres años , en el número 72, de 180 países. Comparte la misma calificación (3.6 de 10 puntos posibles) con Bulgaria, Macedonia, Perú, China, Surinam, Trinidad y Tobago y Swazalandia.En un informe difundido hoy por la organización mundial, México se ubica a la mitad de la tabla en niveles de corrupción en América Latina, al quedar en el número 14 del Índice de Percepción de Corrupción (IPC), junto con Trinidad y Tobago, Perú y Suriname, de 32 países examinados. Canadá fue el menos corrupto (8.7 puntos de transparencia de 10 posibles) y Haití es el más corrupto de América, con 1.4 puntos.
Lecciones del 15-S
El atentado terrorista ocurrido en Morelia el 15 de septiembre del 2008 (15-S) será recordado como el inicio de una nueva etapa en la vida de nuestra nación donde la violencia traspasó el umbral de lo tolerable. Después del 15-S nada será igual y nada debe ser igual. ¿Qué lecciones podemos aprender de este trágico acontecimiento?
1. Reconocer la existencia del terrorismo. Aceptar claro y sin ambigüedades que las acciones que realiza la delincuencia organizada son actos terroristas. Si se analizan las tácticas utilizadas por los terroristas en otros países, tales como el uso de explosivos, emboscadas, secuestros, homicidios e incendios, encontramos que todas estas conductas son utilizadas hoy en México y están claramente tipificadas en el Código Penal Federal como terrorismo. También es factible clasificar estos actos como terrorismo dado que sus objetivos inmediatos y de largo plazo coinciden con el de cualquier organización terrorista típica: buscar venganza; hostigar, debilitar, o ridiculizar al Gobierno, las fuerzas armadas u otras fuerzas de seguridad; impedir o retrasar decisiones o acciones de Gobierno; demostrar poder o vulnerar la credibilidad gubernamental; mostrar la incapacidad del Gobierno para proteger a sus ciudadanos, y forzar a la reacción del Gobierno, sobrerreacción o represión ocasionando disentimiento público; interrumpir o desmantelar la infraestructura de apoyo de una fuerza contraria; influenciar el proceso de toma de decisiones a nivel internacional, regional, nacional o local.
2. Analizar vulnerabilidades. Partiendo del supuesto que lo que se enfrenta es terrorismo, los recursos del Estado se deben emplear para diseñar e implantar políticas antiterroristas y de contraterrorismo. Como paso inmediato urge que las agencias de seguridad, instituciones y empresas privadas realicen un análisis de vulnerabilidad, que consiste en examinar la interrelación entre los bienes a custodiar, las amenazas, las vulnerabilidades y las contramedidas que se deben implantar. Cubiertos estos cuatro procesos se debe diseñar una política de seguridad que defina las acciones de seguridad física, operativa y de personal necesarias. Se requiere también generar una cultura e infraestructura de asistencia a víctimas que incluya: atención oportuna, información, protección, reparación del daño, ser tomado en cuenta por el sistema de justicia y asistencia psicosocial. Estas políticas se deben hacer transparentes y derivarse a conocimientos prácticos a través de sistemas de alerta que funcionen con procedimientos sistemáticos de operación, para que cada uno de los actores tanto gubernamentales, privados o ciudadanos en general, sepan con precisión cuáles son las actividades y tareas que cada quien tiene que realizar para prevenir o protegerse en caso de una amenaza o ataque terrorista.
3. Evaluar amenazas. Contar con guías para la evaluación de los niveles de amenazas. En tanto que, en una situación de crisis y de miedo es difícil responder a cualquier signo o falsa alarma -estrategias frecuentemente utilizadas por los terroristas-, es necesario evaluar su nivel de peligro en función de los siguientes criterios: a) Existencia previa de la amenaza: aplica cuando un grupo terrorista tiene actividad en el área de preocupación; el grupo no necesariamente tiene que haber representado una amenaza en el pasado. b) Capacidad: aplica cuando un grupo terrorista tiene el potencial para realizar una operación en contra de los intereses en el área de preocupación; esto incluye recursos como inteligencia, movilidad, personal y equipo (explosivos, armas y municiones). c) Historia: aplica cuando los actos o conductas del grupo terrorista reflejan una posición contraria a los bienes a custodiar o incluye ataques previos. d) Tendencias: aplica si el grupo ha desplegado durante el último año actividad terrorista que parece continuar o incrementarse; la actividad no necesariamente tiene que ser violenta, pueden ser simplemente declaraciones de amenazas.
Conclusiones
No diseñar e implantar una política de seguridad específica para enfrentar el terrorismo en México nos puede llevar a un escenario de violencia social inédito. Los discursos políticos y las condenas públicas no nulifican la maquinaria de muerte que es la delincuencia organizada, lo que se necesitan son acciones claras y contundentes en materia de antiterrorismo y contraterrorismo.
1. Reconocer la existencia del terrorismo. Aceptar claro y sin ambigüedades que las acciones que realiza la delincuencia organizada son actos terroristas. Si se analizan las tácticas utilizadas por los terroristas en otros países, tales como el uso de explosivos, emboscadas, secuestros, homicidios e incendios, encontramos que todas estas conductas son utilizadas hoy en México y están claramente tipificadas en el Código Penal Federal como terrorismo. También es factible clasificar estos actos como terrorismo dado que sus objetivos inmediatos y de largo plazo coinciden con el de cualquier organización terrorista típica: buscar venganza; hostigar, debilitar, o ridiculizar al Gobierno, las fuerzas armadas u otras fuerzas de seguridad; impedir o retrasar decisiones o acciones de Gobierno; demostrar poder o vulnerar la credibilidad gubernamental; mostrar la incapacidad del Gobierno para proteger a sus ciudadanos, y forzar a la reacción del Gobierno, sobrerreacción o represión ocasionando disentimiento público; interrumpir o desmantelar la infraestructura de apoyo de una fuerza contraria; influenciar el proceso de toma de decisiones a nivel internacional, regional, nacional o local.
2. Analizar vulnerabilidades. Partiendo del supuesto que lo que se enfrenta es terrorismo, los recursos del Estado se deben emplear para diseñar e implantar políticas antiterroristas y de contraterrorismo. Como paso inmediato urge que las agencias de seguridad, instituciones y empresas privadas realicen un análisis de vulnerabilidad, que consiste en examinar la interrelación entre los bienes a custodiar, las amenazas, las vulnerabilidades y las contramedidas que se deben implantar. Cubiertos estos cuatro procesos se debe diseñar una política de seguridad que defina las acciones de seguridad física, operativa y de personal necesarias. Se requiere también generar una cultura e infraestructura de asistencia a víctimas que incluya: atención oportuna, información, protección, reparación del daño, ser tomado en cuenta por el sistema de justicia y asistencia psicosocial. Estas políticas se deben hacer transparentes y derivarse a conocimientos prácticos a través de sistemas de alerta que funcionen con procedimientos sistemáticos de operación, para que cada uno de los actores tanto gubernamentales, privados o ciudadanos en general, sepan con precisión cuáles son las actividades y tareas que cada quien tiene que realizar para prevenir o protegerse en caso de una amenaza o ataque terrorista.
3. Evaluar amenazas. Contar con guías para la evaluación de los niveles de amenazas. En tanto que, en una situación de crisis y de miedo es difícil responder a cualquier signo o falsa alarma -estrategias frecuentemente utilizadas por los terroristas-, es necesario evaluar su nivel de peligro en función de los siguientes criterios: a) Existencia previa de la amenaza: aplica cuando un grupo terrorista tiene actividad en el área de preocupación; el grupo no necesariamente tiene que haber representado una amenaza en el pasado. b) Capacidad: aplica cuando un grupo terrorista tiene el potencial para realizar una operación en contra de los intereses en el área de preocupación; esto incluye recursos como inteligencia, movilidad, personal y equipo (explosivos, armas y municiones). c) Historia: aplica cuando los actos o conductas del grupo terrorista reflejan una posición contraria a los bienes a custodiar o incluye ataques previos. d) Tendencias: aplica si el grupo ha desplegado durante el último año actividad terrorista que parece continuar o incrementarse; la actividad no necesariamente tiene que ser violenta, pueden ser simplemente declaraciones de amenazas.
Conclusiones
No diseñar e implantar una política de seguridad específica para enfrentar el terrorismo en México nos puede llevar a un escenario de violencia social inédito. Los discursos políticos y las condenas públicas no nulifican la maquinaria de muerte que es la delincuencia organizada, lo que se necesitan son acciones claras y contundentes en materia de antiterrorismo y contraterrorismo.
Publicado en El Norte, 21 septiembre 2008.
Seguridad y populismo
Si se analizan los compromisos firmados en la XXIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto, se puede anticipar que en el corto plazo no disminuirán la criminalidad, el miedo al delito y los daños a la integridad y el patrimonio de los mexicanos. El documento parte de un paradigma reactivo y obsoleto, donde las acciones planteadas repiten fórmulas que han demostrado ser insuficientes para mejorar los niveles de seguridad. Hoy, aunque sea de forma retórica, gobierno y sociedad comparten el diagnóstico de que la impunidad y la corrupción son los principales factores que impiden avanzar en la contención del delito. Por ello es legítimo preguntarse: ¿por qué otorgar más recursos económicos a soluciones sin antes hacer los cambios estructurales necesarios?
Tal vez la respuesta sea que la seguridad pública se ha convertido en una suerte de nuevo populismo: gastar dinero de forma irracional con el propósito de adquirir legitimidad, trabajar más en el imaginario colectivo que en resolver los problemas que generan las conductas antisociales, delictivas o violentas. Buscar votos y no detener delincuentes serían los objetivos últimos de la actual política de seguridad; convencer a la gente que el problema se resuelve "limpiando", "depurando" y capacitando a las policías. Un discurso con el cual los políticos usufructúan los recursos públicos, medran con el temor ciudadano y se quedan para sí lo que David Bayley llamó el secreto mejor guardado de la vida moderna: "La policía no previene el delito". Algo que los delincuentes, los expertos, la policía y los gobernantes saben, pero que los ciudadanos no.
¿Qué debe hacer entonces la sociedad ante la necesidad de seguridad y la falla del Estado para proveerla? En primer lugar, informarse y generar esquemas de participación ciudadana que superen la desidia, la apatía y la simple protesta. En segundo, ser tomada en cuenta al momento de diseñar políticas y tomar decisiones, evitando que sus líderes sean cooptados por el poder público. En tercer sitio, es necesario establecer alianzas institucionales que permitan ser copartícipes en la toma de decisiones y, finalmente, ejercer un control ciudadano en determinadas esferas de la seguridad pública. Esta última forma de participación ciudadana, de carácter radical, sería innecesaria en un régimen democrático donde las autoridades están sujetas a esquemas de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en el caso de México parece que una vez más la sociedad civil, tal y como ocurrió con el tema electoral en su oportunidad, tiene que elevarse por encima de su clase política. Mientras que los compromisos del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se cumplen y son evaluados, los ciudadanos debemos exigir un aumento en la percepción de la seguridad, empíricamente verificable, y la reducción en tres indicadores básicos: 1. La reducción de los delitos registrados, que se supone será monitoreada por ciudadanos; 2. La disminución de la victimización y su correspondencia con la cifra oculta, es decir con los delitos no denunciados, y 3. La disminución en la prevalencia en el consumo de drogas.
En este proceso los empresarios, organismos no gubernamentales, universidades y centros de estudio, entre otras organizaciones públicas y privadas, tienen una gran responsabilidad y deben utilizar su liderazgo y capacidad de generar conocimientos y acción social para que el Estado diseñe una verdadera política integral de seguridad (véase Enfoque 18 de mayo del 2008). No se trata de sustituir o relevar al Estado de sus funciones esenciales básicas de brindarnos seguridad, sino de sumar esfuerzos con él. Para ejercer este liderazgo la sociedad debe impulsar cuatro acciones fundamentales: 1. Ejercer una participación real e informada en los distintos foros de seguridad, tales como consejos ciudadanos, dejando de ocupar esos espacios como mera comparsa y testigo mudo de la ineficacia gubernamental; 2. Ejercer una verdadera labor de supervisión y vigilancia a los poderes públicos para que los puestos de los responsables se asignen con criterios profesionales y no de lealtades personales; 3. Fortalecer o crear organizaciones apartidistas, técnicas y científicas que diseñen las políticas de seguridad que el Estado no está generando, y 4. Formar recursos humanos, en seguridad, criminología, victimología y política criminológica fuera de las instituciones de seguridad. Si atendemos las cifras que se erogan como parte del presupuesto público en materia de seguridad o los costos que la inseguridad tiene para la sociedad mexicana, destinar una pequeña fracción de este gasto a investigación científica y formación de recursos humanos sería un gran avance, empezaríamos a romper este nudo gordiano de la inacción gubernamental y a dotar de sentido a una estrategia de seguridad hoy ausente.
Publicado en Enfoque, Reforma 7 septiembre 2008.
Iniciativa Mérida
En el Congreso de Estados Unidos se debate el proyecto denominado Merida Initiative to Combat Illicit Narcotics and Reduce Organized Crime Authorization Act of 2008, conocido en México como la Iniciativa Mérida. Dicho proyecto plantea una asistencia para México de 350 millones de dólares durante 2008 para que fortalezca sus instituciones de seguridad, impulsando también programas anticorrupción, transparencia y derechos humanos que mejoren la justicia y amplíen la cultura de la legalidad. La iniciativa supone una suma adicional de 390 millones para 2009 y 40 millones más para 2010. La asistencia sin embargo, tiene condicionamientos, por ejemplo: no se otorgará dinero a ninguna unidad de las fuerzas armadas, seguridad y justicia si existen "evidencias creíbles" que dichas unidades han cometido violaciones graves a los derechos humanos. Adicionalmente se imponen límites a los montos que las fuerzas armadas puede recibir anualmente, se especifica también que no se otorgará fondo alguno a la Secretaría de Seguridad Pública Federal hasta que el que el Registro Nacional Policial no esté funcionando en los tres niveles de gobierno. Al conocerse las condiciones de la ayuda, comenzaron en México los cuestionamientos y las críticas por el carácter intervencionista, no sólo de las condiciones sino de las prescripciones de política pública y cambios legislativos que la ley obliga.
El atraso en la aprobación de la Iniciativa y la polémica generada, lo único que pone de manifiesto es que las relaciones bilaterales operan sobre paradigmas obsoletos que ya no permiten resolver los problemas comunes sino que, por el contrario, los agravan. El viejo modelo de relación lo ilustra el cartonista Naranjo en un trabajo publicado en los 90 donde el Tío Sam, muro de por medio, espeta a un mexicano: "¡Corrupto!", a lo que éste responde: "¡Mariguano!". Así, lo que a nivel de síntesis humorística resulta excelente, en el ámbito de las relaciones bilaterales es algo inadmisible. Ahora en el contexto de la discusión de la Iniciativa Mérida, los argumentos son banales e insuficientes para los retos históricos que el problema de la seguridad plantea para ambas naciones. Por la parte mexicana se repiten en público viejos clichés y se agregan nuevos: "Si México es el trampolín, EU es la alberca"; "México pone los muertos y EU los adictos". Mientras que en privado se reconoce que EU es el principal factor que influye, determina y en algunos casos dicta las políticas mexicanas para el control de drogas. Esta relación asimétrica ha hecho que EU utilice el tema de las drogas y su relación con México como un instrumento para alcanzar objetivos de política partidista doméstica, asegurando siempre que México desarrolle acciones en función de los objetivos de la estrategia global estadounidense.
No obstante, después de varias décadas de seguir este derrotero, el problema de las drogas sigue creciendo, y a pesar del relativo éxito de EU en moldear las políticas mexicanas, éstas han fracasado en lograr los resultados pretendidos: disminuir el flujo de drogas desde México hacia su territorio, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Drogas y Salud 2006 (National Survey on Drug Use and Health), el 8.3 por ciento de su población, esto es 20.4 millones de estadounidenses son usuarios consuetudinarios de drogas. Seguir apostando a las mismas y gastadas soluciones en ambos lados de la frontera sólo anticipa un escalamiento del problema.
No obstante, después de varias décadas de seguir este derrotero, el problema de las drogas sigue creciendo, y a pesar del relativo éxito de EU en moldear las políticas mexicanas, éstas han fracasado en lograr los resultados pretendidos: disminuir el flujo de drogas desde México hacia su territorio, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Drogas y Salud 2006 (National Survey on Drug Use and Health), el 8.3 por ciento de su población, esto es 20.4 millones de estadounidenses son usuarios consuetudinarios de drogas. Seguir apostando a las mismas y gastadas soluciones en ambos lados de la frontera sólo anticipa un escalamiento del problema.
Los mexicanos olvidamos rápido, pero los políticos mexicanos olvidan aún con mayor rapidez, tienen una peligrosa falla de memoria que los hacen vivir solamente en el presente. La dimensión del pasado se reduce a pocas semanas o aún a pocos días, se reduce a contar narcoejecutados y a hacer declaraciones de banqueta. Uno podría esperar que esta precariedad de la memoria se viera compensada con una visión de futuro, pero dada la percepción que tienen del tiempo, no es ninguna sorpresa que sean otros quienes nos marquen el rumbo de nuestra historia y que nos convirtamos no en protagonistas sino en víctimas de ella. Es tiempo de andar solos, recursos propios los tenemos, es cuestión de organización social y de apostar a un servicio público basado más en capacidades que en lealtades. En definitiva, la soberanía y el futuro de México no valen 780 millones de dólares pagaderos en tres exhibiciones de aquí hasta el 2010, justo cuando celebramos el bicentenario de la Independencia.
Publicado en El Norte, 8 de junio 2008.
Urge cambiar la estrategia
El presidente Felipe Calderón aseguró (12/05/2008) que la estrategia en contra de la delincuencia organizada no se modificará y sólo se afinará, y afirmó que su gobierno no se va a sumar "al abandono, la cobardía o la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación". Aunque la declaración del Presidente es loable, lo cierto es que además de valor se necesita cambiar la estrategia actual, no sólo del gobierno federal sino del Estado mexicano. Los homicidios en contra de funcionarios públicos de las áreas de seguridad y justicia de los tres niveles de gobierno en los últimos dos años y particularmente en días recientes contra altos funcionarios federales, anticipan no sólo la continuación del estado de cosas, sino una escalada de mayor violencia. La razón es que la violencia que hoy genera el narcotráfico conlleva un mensaje político de importante simbolismo: el desafío a las instituciones mediante actos terroristas y actos de propaganda. Por ello es necesario redefinir la estrategia de seguridad y su actual arquitectura institucional, por obsoleta, insuficiente, ineficiente y permeada por la corrupción. Las experiencias internacionales exitosas demuestran que las estrategias de exclusivo carácter punitivo sólo incrementan la violencia y postergan las soluciones requeridas. También es necesario cambiar el rumbo, si nos atenemos al dicho presidencial de que "seguiremos en nuestro propósito a sabiendas de que es una estrategia que sólo rendirá frutos en el largo plazo, que implicará tiempo, dinero y pérdida de vidas humanas". Si la estrategia es a largo plazo, entonces es obligado que todo este capital social tenga un proyecto claro y objetivos definidos que permitan sumar a sociedad y gobierno, al Estado mexicano en su conjunto, en una iniciativa en la cual se juega nuestra viabilidad como nación.
Razones del cambio
Un primer requisito para iniciar el cambio de estrategia es dejar de percibir al narcotráfico como el único factor que genera inseguridad, no sólo porque esta visión es limitada, sino porque supone orientar los recursos del Estado a combatir sólo una parte del problema. Es necesario considerar la multiplicidad de factores que inciden negativamente en la seguridad: 1) Elevados índices de criminalidad (del fuero federal y común); 2) existencia de grupos armados; 3) violaciones a los derechos humanos; 4) impunidad; 5) insuficiencias en el marco jurídico; 6) sistema penitenciario inoperante; 7) ineficacia de las instituciones; 8) corrupción; 9) desconfianza ciudadana; 10) ausencia de cultura de la legalidad y 11) delincuencia organizada.
Existe consenso entre especialistas en que la seguridad empieza a nivel local y es el fundamento para cualquier estrategia a nivel nacional, y que no existe estrategia de seguridad que funcione si no se reducen los niveles de pobreza e inequidad social existentes. Una de las condiciones para modificar la estrategia es cambiar a paradigmas que se adapten a las características culturales, políticas y técnicas de nuestra sociedad. Cualquier política de seguridad debe tener un carácter integral, pretender resolver el problema exclusivamente con estrategias de carácter militar, policial, penal o sectorial es limitado. Por ello otra condición es profundizar en la investigación científica y entender que ésta tiene una relación directa con la generación de políticas públicas. Si se destinan mayores recursos económicos a la investigación en materia de seguridad pública se puede promover conocimientos básicos, informar a los ciudadanos de cómo participar, orientar políticas y acciones, logrando con ello eventuales mejoras en la seguridad. Para cambiar la estrategia es necesario involucrar y desplegar una serie de acciones en diversos ámbitos: salud, educación, desarrollo, seguridad y justicia, legislación, información y tecnología, medios de comunicación y participación ciudadana. Los principios para la ejecución de una estrategia de seguridad integral son liderazgo, coordinación, consenso, confianza y voluntad de construir un futuro alternativo. Los principios anteriores deben aplicarse geográficamente a distintos niveles: internacional, nacional, regional, estatal y local. No existe una solución universal para reducir el delito, no basta una sola teoría, una práctica o un método. Se ha comprobado que el delito tiene una dimensión espacial, por lo tanto sus posibles soluciones tienen que ser diferenciadas, acorde con las circunstancias y recursos disponibles en un momento y un lugar determinado. La manera de desplegar este principio geográfico es a través de un método sencillo pero eficaz en el diseño de políticas públicas que consta de ocho etapas: recolección de información, análisis e interpretación de la información, selección de estrategias, elaboración de programas, capacitación, implantación, monitoreo y evaluación.
Conclusiones
En cualquier caso y con independencia del modelo de seguridad que se adopte, las políticas y acciones que de él se deriven tienen que ser aplicadas dentro de un régimen democrático y con pleno respeto a los derechos humanos; sin seguridad no puede haber democracia. Una estrategia integral puede ser un medio eficaz para alcanzar mayores niveles de calidad de vida, dado que parte del conocimiento científico, cuenta con incentivos para el consenso político, cumple demandas ciudadanas y, lo más importante, permite la construcción de una agenda de futuro que hace posible asignar recursos, sumar voluntades y asignar responsabilidades para lograr una sociedad más segura.
Razones del cambio
Un primer requisito para iniciar el cambio de estrategia es dejar de percibir al narcotráfico como el único factor que genera inseguridad, no sólo porque esta visión es limitada, sino porque supone orientar los recursos del Estado a combatir sólo una parte del problema. Es necesario considerar la multiplicidad de factores que inciden negativamente en la seguridad: 1) Elevados índices de criminalidad (del fuero federal y común); 2) existencia de grupos armados; 3) violaciones a los derechos humanos; 4) impunidad; 5) insuficiencias en el marco jurídico; 6) sistema penitenciario inoperante; 7) ineficacia de las instituciones; 8) corrupción; 9) desconfianza ciudadana; 10) ausencia de cultura de la legalidad y 11) delincuencia organizada.
Existe consenso entre especialistas en que la seguridad empieza a nivel local y es el fundamento para cualquier estrategia a nivel nacional, y que no existe estrategia de seguridad que funcione si no se reducen los niveles de pobreza e inequidad social existentes. Una de las condiciones para modificar la estrategia es cambiar a paradigmas que se adapten a las características culturales, políticas y técnicas de nuestra sociedad. Cualquier política de seguridad debe tener un carácter integral, pretender resolver el problema exclusivamente con estrategias de carácter militar, policial, penal o sectorial es limitado. Por ello otra condición es profundizar en la investigación científica y entender que ésta tiene una relación directa con la generación de políticas públicas. Si se destinan mayores recursos económicos a la investigación en materia de seguridad pública se puede promover conocimientos básicos, informar a los ciudadanos de cómo participar, orientar políticas y acciones, logrando con ello eventuales mejoras en la seguridad. Para cambiar la estrategia es necesario involucrar y desplegar una serie de acciones en diversos ámbitos: salud, educación, desarrollo, seguridad y justicia, legislación, información y tecnología, medios de comunicación y participación ciudadana. Los principios para la ejecución de una estrategia de seguridad integral son liderazgo, coordinación, consenso, confianza y voluntad de construir un futuro alternativo. Los principios anteriores deben aplicarse geográficamente a distintos niveles: internacional, nacional, regional, estatal y local. No existe una solución universal para reducir el delito, no basta una sola teoría, una práctica o un método. Se ha comprobado que el delito tiene una dimensión espacial, por lo tanto sus posibles soluciones tienen que ser diferenciadas, acorde con las circunstancias y recursos disponibles en un momento y un lugar determinado. La manera de desplegar este principio geográfico es a través de un método sencillo pero eficaz en el diseño de políticas públicas que consta de ocho etapas: recolección de información, análisis e interpretación de la información, selección de estrategias, elaboración de programas, capacitación, implantación, monitoreo y evaluación.
Conclusiones
En cualquier caso y con independencia del modelo de seguridad que se adopte, las políticas y acciones que de él se deriven tienen que ser aplicadas dentro de un régimen democrático y con pleno respeto a los derechos humanos; sin seguridad no puede haber democracia. Una estrategia integral puede ser un medio eficaz para alcanzar mayores niveles de calidad de vida, dado que parte del conocimiento científico, cuenta con incentivos para el consenso político, cumple demandas ciudadanas y, lo más importante, permite la construcción de una agenda de futuro que hace posible asignar recursos, sumar voluntades y asignar responsabilidades para lograr una sociedad más segura.
Publicado en Enfoque, Reforma 18 mayo 2008.
México: aliado o chivo expiatorio
A lo largo de la historia, mientras los Estados Unidos de América han luchado por alcanzar los objetivos planteados en sus estrategias de seguridad nacional, México ha jugado un papel importante, no tanto como aliado, sino como blanco de dichas políticas o, en su defecto, como chivo expiatorio de sus fracasos. Después de los ataques terroristas del 11/S, este patrón tiende a repetirse: México sirve una vez más como actor de reparto, representando el papel de una frontera porosa que debe ser sellada para proteger a la Homeland de la amenaza del terrorismo. Desde la óptica gubernamental de Estados Unidos, el pueblo estadounidense está en "guerra", y la contienda no sólo es militar sino que también es una "cruzada" política y moral. Para México es urgente reconocer y entender las premisas en las que se basa esta nueva guerra atemporal contra un enemigo no convencional: 1. Para ellos la situación de guerra es real; 2. El tema servirá para impulsar su amplia gama de intereses globales y regionales; 3. El tema del terrorismo no es un tema transitorio o partidista, ya forma parte de la estructura social estadounidense.
La pregunta para México es si esta perspectiva estadounidense hacia el terrorismo seguirá el mismo derrotero que los asuntos relacionados con la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales: un escenario caracterizado por la presión de Estados Unidos para imponer políticas, y la de México para aplicarlas. Considerando los resultados de la lucha antidrogas, lo más conveniente sería que las dos naciones encontraran nuevas formas de cooperación, y utilizaran el tema del terrorismo para reimpulsar de nuevo la agenda bilateral, incluyendo por supuesto el tema de la migración. Estados Unidos necesita decidir si usará a México como chivo expiatorio en su guerra global contra el terrorismo o adoptará un enfoque más comprensivo e incluyente que incorpore a México dentro de su estrategia de seguridad nacional como un aliado y no como subordinado. México, en este sentido, ha sido corto de visión al incluir en la relación bilateral sólo los temas migratorio y comercial, dejando fuera el tema de la seguridad, pero sobre todo relegando hacia adentro la reforma de su propio sistema de seguridad, que se ha convertido en una condición indispensable de Estados Unidos para avanzar en cualquier otro tema. La falta de entendimiento y de cooperación puede debilitar la efectividad de las medidas de contraterrorismo, no sólo en la frontera común, sino dentro del propio territorio mexicano, poniendo en riesgo las vidas y propiedades tanto de mexicanos como de estadounidenses. Para transitar a una nueva era de cooperación activa, ambas naciones necesitan superar las deficiencias de sus actuales estrategias bilaterales de seguridad.
Deficiencias en las estrategias
Las debilidades de la estrategia de seguridad de Estados Unidos desde una perspectiva mexicana pueden dividirse tres: la "guerra contra el terrorismo" parte de una posición unilateral; Washington aborda el terrorismo y la migración en un mismo sentido político y de pánico moral y, como consecuencia de este tipo de abordaje, se promueve una mezcla de miedo y xenofobia en contra de la migración en general, y mexicana en particular (ya sea legal o ilegal). Entre las consecuencias que la "Ley del Muro" puede traer, está el aislar a México de Estados Unidos, rompiendo así cualquier acercamiento con uno de sus más cercanos aliados naturales. Esto no sólo afectará las relaciones diplomáticas, sino que también restringirá el libre movimiento de mercancías y de miles de ciudadanos, y en el caso de los estadounidenses que visitan o viven en México, habría que preguntarse: ¿dónde empieza y dónde acaba la protección de los ciudadanos norteamericanos, tomando en cuenta la capacidad y letalidad del terrorismo internacional?
Deficiencias en las estrategias
Las debilidades de la estrategia de seguridad de Estados Unidos desde una perspectiva mexicana pueden dividirse tres: la "guerra contra el terrorismo" parte de una posición unilateral; Washington aborda el terrorismo y la migración en un mismo sentido político y de pánico moral y, como consecuencia de este tipo de abordaje, se promueve una mezcla de miedo y xenofobia en contra de la migración en general, y mexicana en particular (ya sea legal o ilegal). Entre las consecuencias que la "Ley del Muro" puede traer, está el aislar a México de Estados Unidos, rompiendo así cualquier acercamiento con uno de sus más cercanos aliados naturales. Esto no sólo afectará las relaciones diplomáticas, sino que también restringirá el libre movimiento de mercancías y de miles de ciudadanos, y en el caso de los estadounidenses que visitan o viven en México, habría que preguntarse: ¿dónde empieza y dónde acaba la protección de los ciudadanos norteamericanos, tomando en cuenta la capacidad y letalidad del terrorismo internacional?
Las debilidades de la estrategia mexicana contra el terrorismo internacional son diversas. En principio, México para poder establecer un diálogo y cooperación con Estados Unidos, tendría que reconocer que los ataques del 11/S también fueron un atentado contra su seguridad nacional, si no por alguna razón sofisticada, por el solo hecho de que entre las víctimas del World Trade Center de Nueva York, varias eran de nacionalidad mexicana. Como es sabido, la alta prioridad del terrorismo en la agenda del presidente George Bush alteró la principal prioridad de México: el tema migratorio. No obstante, México no ha definido una estrategia de seguridad nacional que le permita no sólo sobrevivir como nación en un mundo de riesgos globalizados, sino también ampliar su poder nacional. Tampoco México ha sido capaz de cambiar radicalmente el sistema de procuración y administración de justicia, que hoy es incapaz de resolver la demanda creciente de servicios que le imponen la delincuencia común y la organizada, y que estaría inerme ante un ataque potencial del terrorismo doméstico o internacional. Finalmente, otra falla de México es su incapacidad para brindar seguridad en sus fronteras, y por supuesto la inefectividad de las políticas públicas para retener a su fuerza laboral en el país y reducir la pobreza.
La advertencia para ambos gobiernos es que los temas de migración y terrorismo deben abordarse con un enfoque de políticas públicas (policy) y no en términos políticos (politics). En caso contrario, se pueden generar consecuencias no deseadas, iniciando lo que sería un "choque de culturas". En este escenario las dos naciones tienen responsabilidades iguales: cada una debe corregir las fallas de sus actuales estrategias de seguridad con el propósito de construir una relación de entendimiento mutuo, basado en la cooperación y la tolerancia cultural.
Publicado en Enfoque, Reforma 09 septiembre 2007.
miércoles, 17 de septiembre de 2008
¡Morelia sigue de pie!... Herida, pero aún vive...
"ORAR sí..., ¡pero de pie...! Morelia está herida pero no está muerta... ¡Ánimo...! Nada recomendable abandonarnos ahora a una excesiva aflicción y tristeza, que nos harán perder la serenidad y el valor para enfrentar al fantasma de la inseguridad, el terrorismo y la corrupción..."
Estas son las palabras de "Toca Mal", el periodista de la Voz de Michoacán que día con día es una suerte de conciencia y defensor de los morelianos. Y sigue...
"LA NOCHE del 15 de septiembre del 2008, el terrorismo apagó las voces de miles de hombres, mujeres y niños que celebraban con vivas, la independencia de México...AYER, 16 de septiembre, la ciudad dejó de ser la tradicional Morelia... Los colores verde, blanco y rojo, con el águila en medio, se convirtieron en crespones de luto... Durante el acto cívico en homenaje a Don Miguel Hidalgo y Costilla, el Padre de la Patria, nuestro Himno Nacional Mexicano cobró una nueva dimensión, pues se cantó con tal emoción que seguramente lo escucharon más allá de nuestras fronteras miles de morelianos, michoacanos, mexicanos que viven en otros países. Pero Morelia sigue de pie... Herida, pero aún vive...
Créditos de Fotografías
Supra: Enrique Castro.
Derecha: Samuel Herrera Jr.
La Voz de Michoacán.
http://www.vozdemichoacan.com.mx/columnas/tocamal000332.html
martes, 16 de septiembre de 2008
After 9/11: America´s war on terror (2001- )
Having madeThe 9/11 Commission Report understandable for everyone, the award-winning, bestselling graphic novel team of Sid Jacobson and Ernie Colón use all their considerable talents to explain the post-9/11 world. Working from news reports drawn from multiple international media, Jacobson and Colón depict the critical events, decision makers, and consequences of America’s “war on terror,” and, most important, the context in which the war began, unfolded, and unraveled. The most demanding story they have ever tackled, After 9/11 is also the most tailor-made for their medium, capturing simultaneous events, geographic complexity, numerous participants, and a vast array of economic, statistical, and quantitative information—compellingly told through the sequential panel art narrative form unique to graphic books. Proving yet again that graphic novels best meet the challenge of giving the most information with the least amount of ink, Jacobson and Colón answer with clarity and unforgettable imagery the question: How the hell did we end up where we are?
Para adquirir: http://us.macmillan.com/after911
Para leer más: http://www.elpais.com/articulo/cultura/Tebeos/dan/lecciones/historia/elpepicul/20080505elpepicul_1/Tes
lunes, 15 de septiembre de 2008
Diplomado ENLACES: entre seguridad privada & seguridad pública
El Diplomado ENLACES tiene como objetivo la profesionalización y actualización académica de ejecutivos, directivos y funcionarios en áreas de especialización dentro de la seguridad tanto pública como privada.
La seguridad privada como actividad profesional ha tenido un crecimiento sostenido por años y cada vez es mas exigida por las empresas y la sociedad ante los cambiantes factores de amenaza y la probabilidad de convertirse en víctima de organizaciones criminales, ya sea de forma dispersa o dirigida. Los profesionales de la materia requieren estar cada vez más actualizados en los temas que afectan a las personas, sus comunidades y a las empresas en las que laboran. Muchos de estos temas escapan a la esfera del ámbito privado, por lo que la interacción con el campo de la seguridad pública es cada vez mayor.
La seguridad privada como actividad profesional ha tenido un crecimiento sostenido por años y cada vez es mas exigida por las empresas y la sociedad ante los cambiantes factores de amenaza y la probabilidad de convertirse en víctima de organizaciones criminales, ya sea de forma dispersa o dirigida. Los profesionales de la materia requieren estar cada vez más actualizados en los temas que afectan a las personas, sus comunidades y a las empresas en las que laboran. Muchos de estos temas escapan a la esfera del ámbito privado, por lo que la interacción con el campo de la seguridad pública es cada vez mayor.
El diplomado busca estrechar lazos entre estas dos esferas y brindar un mayor entendimiento entre ellas, para de esta forma estar actualizados y mejor capacitados para enfrentar los retos de un México cada vez más amenazado por los distintos grupos delictivos. Profesionales de la Seguridad, Profesionistas responsables de áreas afines (Prevención de Pérdidas, Administración de Riesgos, Protección a Ejecutivos, etc.), Funcionarios de la Administración Pública de niveles Estratégicos o Tácticos y Profesionistas Independientes dedicados a la asesoría o consultoría en seguridad.
Dirigido a: Profesionales de la Seguridad, Profesionistas responsables de áreas afines (Prevención de Pérdidas, Administración de Riesgos, Protección a Ejecutivos, etc.), Funcionarios de la Administración Pública de niveles Estratégicos o Tácticos y Profesionistas Independientes dedicados a la asesoría o consultoría en seguridad. El Diplomado se estructura en 5 módulos conformando un total de 140 horas de formación profesional. Se imparten sesiones semanales de 7 horas. Iniciando actividades en Septiembre del presente año para terminar en Marzo del 2009 con 3 semanas de vacaciones en el período invernal. El programa está basado en una serie de conferencias preparadas por especialistas en la materia, mismos que cuentan con años de experiencia en su repectivo campo. Este diplomado interactúa con la enseñanza Teórica y el Estudio de Casos para mantenernos actualizados en el México que se vive hoy; con lo cual se aprovecha al máximo la experiencia de los profesores.
Informes e InscripcionesCentro Profesional de Desarrollo Académico S.C.Domicilio:Constituyentes 117 3er PisoColonia San Miguel ChapultepecMéxico D.F.Tel. (55) 2636-3718 Atención:Carlos Seoane Noroña CPP, DSE Araceli Gutiérrez Reyes. Correo Electrónico: enlaces@webservice.com.mx . Página web: http://enlaces.webservice.com.mx
COORDINACIÓN ACADEMICA: Rene Jiménez Ornelas, Pablo Carstens Madero y Carlos B. Seoane Noroña
jueves, 11 de septiembre de 2008
Convivencia y seguridad ciudadana
Hugo Acero Velásquez, Héctor Riveros Serrato y Jorge Daniel Castro Castro, entre otros, han consitutido un grupo de profesionales expertos en temas de seguridad ciudadana, seguridad publica, defensa nacional, justicia, protección civil y convivencia. Su experiencia incluye asesorías directas a gobiernos de países como Colombia, El Salvador, Brasil, Guatemala y México y algunas ciudades de América Latina como Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira (Colombia), Quito y Guayaquil (Ecuador) y Cuautitlan Izcalli (México). Para conocer más sobre las actividades de esta organización visite el siguiente enlace: http://www.convivenciayseguridadciudadana.com
Índice de desarrollo humano muncipal en México 2000-2005
Edición 2008.
En el año 2004 y como parte del proceso de elaboración del Informe sobre Desarrollo Humano en México, el PNUD publicó por primera vez su Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, que con base en información oficial del año 2000 ofreció un primer panorama del estado del desarrollo humano para el ámbito municipal. Esa primera publicación de indicadores contenía el valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el valor de cada variable que compone al propio IDH y el de un sinnúmero de indicadores adicionales sobre desarrollo humano para casi la totalidad de los municipios y delegaciones del país. Gracias al apoyo y colaboración de diversas personas e instituciones en los ámbitos gubernamental, académico y de la sociedad civil, dichos indicadores probaron ser una herramienta útil para el diálogo, el diseño y el análisis de las prioridades de política pública en la materia. Con el fin de dar continuidad a ese esfuerzo y posibilitar el seguimiento puntual del desarrollo humano en el ámbito municipal, el PNUD pone hoy a disposición de la sociedad mexicana la nueva edición de la publicación de 2008. Además de actualizar la información contenida en su primera edición y comparar avances y retrocesos por municipio y estado en el periodo que comprende, el Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, 2000-2005 incorpora un amplio análisis de las distintas formas en las que se expresa la desigualdad en desarrollo humano en México.
Índice de terrorismo 2008 de la Revista Foreign Policy
For the first time since the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, issues of national security no longer dominate political discourse. Rising energy costs, the subprime mortgage implosion, and other domestic imperatives now monopolize the national conversation. In a recent poll conducted by the Pew Research Center for the People & the Press, Americans ranked terrorism as the country’s 10th-most important priority—behind healthcare, education, and the federal budget deficit. But even as attentions shift, the wars in Iraq and Afghanistan have become the longest U.S. military engagements in a century, with the exception of Vietnam. Around the world, terrorists have continued to strike with deadly effect—from Athens and Paris to Beirut and Baghdad. The upcoming presidential election presents the United States with a choice about how it will seek to combat this threat, even as, somewhere, terrorists might be plotting their next attack. Wherever the war on terror may exist in the public’s consciousness, there is no doubt that it rages on. But is it making the United States safer? To find out, each year Foreign Policy and the Center for American Progress survey the very people who have run America’s national security apparatus during the past half century. Surveying more than 100 top U.S. foreign-policy experts—Republicans and Democrats alike—the Foreign Policy/ Center for American Progress Terrorism Index is the only comprehensive, nonpartisan effort to poll the highest echelons of the country’s national security establishment for its assessment of how the United States is fighting the war on terror. First released in July 2006, then again in February and September 2007, the index attempts to draw definitive conclusions about the war’s priorities, policies, and progress. Its participants include people who have served as national security advisor, director of the Central Intelligence Agency, senior White House aides, top Pentagon commanders, seasoned intelligence professionals, and distinguished academics.
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