Especial de Prodigy/msm Noticias y BBC MUNDO.com .jpg)
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In September of 2005, the Trans-Border Institute of the University of San Diego (TBI) became the coordinating institution for this multi-year research project on the administration of justice and the rule of law in Mexico. The Justice in Mexico Project is the continuation of a collaborative research initiative entitled the Project on Reforming the Administration of Justice in Mexico at the Center for U.S.-Mexican Studies of University of California, San Diego (2002-2005). Now based at the University of San Diego, the TBI Justice in Mexico Project continues to promote analysis, dialogue, and policy solutions to address a variety of urgent problems related justice sector reform and the rule of law in Mexico and the U.S.-Mexican border region.
The three-fold rationale for the TBI Justice in Mexico Project is based on: (1) the need to decentralize justice sector analysis and reform efforts in Mexico, (2) the need for a greater emphasis on best practices (particularly with regard to promoting transparency and accountability), and (3) the need for a US-based partner for helping to generate neutral analysis on Mexican justice reform initiatives. Site: http://www.justiceinmexico.org/
Dos de cada cinco residentes urbanos ha pensado en irse de México debido a la violencia de los carteles de la droga. Además, para la inmensa mayoría, el narcotráfico es el segundo mayor problema que enfrentan los mexicanos después de la corrupción, y muchos creen que la narcocultura está siendo glorificada en el país. Estas son algunas de las principales conclusiones de una encuesta comisionada por BBC Mundo a la empresa Synovate sobre el narcotráfico en México. En ella, 42% de las 1.266 personas que respondieron afirma que se siente más inseguro que hace un año. La encuesta se llevó a cabo entre mexicanos de entre 18 y 64 años, del 28 de julio al 20 de agosto en México DF, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Mérida, Querétaro y Culiacán. El estudio forma parte de una investigación que BBC Mundo hizo sobre el impacto del narcotráfico en los valores y las costumbres de algunos sectores de la sociedad mexicana.
El Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (Insyde) es una organización mexicana, autónoma y multidisciplinaria. Su trabajo consiste en elaborar propuestas técnicas, viables y prácticas para contribuir a la transformación de las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia penal y su relación con la sociedad. Tiene como propósito principal el coadyuvar al fortalecimiento del Estado democrático de derecho, dentro de un encuadre de respeto y promoción de los derechos humanos. Son un espacio de articulación y diálogo entre la sociedad civil, la academia y las autoridades. Por ello y con el fin de crear fuertes lazos de comunicación y colaboración, mantienen estrechas relaciones con diversas instituciones de educación y organismos defensores y promotores de los derechos humanos —nacionales e internacionales. Insyde está integrado por un equipo multidisciplinario de especialistas en reforma policial, justicia penal, derechos humanos y comunicación que trabajan en el diseño y desarrollo de herramientas para beneficio de la sociedad. Actualmente este Instituto desarrolla, entre otros, tres grandes proyectos: Oficina de Investigación y Reforma Policial; Oficina de Servicio Técnico a la Sociedad Civil; Proyecto de Violencia y Medios. Cada uno de estos proyectos sigue una dinámica de talleres, conferencias, mesas redondas y foros de discusión, de los cuales surgen publicaciones periódicas, documentos y libros, que se ofrecen para beneficio colectivo y que el visitante puede consultar en su portal web: http://www.insyde.org.mx/
El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (Transparency International) mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado y consiste en un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. El IPC 2008 clasifica 180 países (la misma cantidad que el IPC 2007) en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción). Dinamarca, Nueva Zelandia y Suecia comparten la mayor puntuación, de 9,3, seguidos inmediatamente por Singapur, con 9,2. Al final de la lista se ubica Somalia, con 1,0, precedida por una estrecha diferencia por Irak y Myanmar, con una puntuación de 1,3, y por Haití, con 1,4.
El atentado terrorista ocurrido en Morelia el 15 de septiembre del 2008 (15-S) será recordado como el inicio de una nueva etapa en la vida de nuestra nación donde la violencia traspasó el umbral de lo tolerable. Después del 15-S nada será igual y nada debe ser igual. ¿Qué lecciones podemos aprender de este trágico acontecimiento?
Si se analizan los compromisos firmados en la XXIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto, se puede anticipar que en el corto plazo no disminuirán la criminalidad, el miedo al delito y los daños a la integridad y el patrimonio de los mexicanos. El documento parte de un paradigma reactivo y obsoleto, donde las acciones planteadas repiten fórmulas que han demostrado ser insuficientes para mejorar los niveles de seguridad. Hoy, aunque sea de forma retórica, gobierno y sociedad comparten el diagnóstico de que la impunidad y la corrupción son los principales factores que impiden avanzar en la contención del delito. Por ello es legítimo preguntarse: ¿por qué otorgar más recursos económicos a soluciones sin antes hacer los cambios estructurales necesarios?
En el Congreso de Estados Unidos se debate el proyecto denominado Merida Initiative to Combat Illicit Narcotics and Reduce Organized Crime Authorization Act of 2008, conocido en México como la Iniciativa Mérida. Dicho proyecto plantea una asistencia para México de 350 millones de dólares durante 2008 para que fortalezca sus instituciones de seguridad, impulsando también programas anticorrupción, transparencia y derechos humanos que mejoren la justicia y amplíen la cultura de la legalidad. La iniciativa supone una suma adicional de 390 millones para 2009 y 40 millones más para 2010. La asistencia sin embargo, tiene condicionamientos, por ejemplo: no se otorgará dinero a ninguna unidad de las fuerzas armadas, seguridad y justicia si existen "evidencias creíbles" que dichas unidades han cometido violaciones graves a los derechos humanos. Adicionalmente se imponen límites a los montos que las fuerzas armadas puede recibir anualmente, se especifica también que no se otorgará fondo alguno a la Secretaría de Seguridad Pública Federal hasta que el que el Registro Nacional Policial no esté funcionando en los tres niveles de gobierno. Al conocerse las condiciones de la ayuda, comenzaron en México los cuestionamientos y las críticas por el carácter intervencionista, no sólo de las condiciones sino de las prescripciones de política pública y cambios legislativos que la ley obliga.
El presidente Felipe Calderón aseguró (12/05/2008) que la estrategia en contra de la delincuencia organizada no se modificará y sólo se afinará, y afirmó que su gobierno no se va a sumar "al abandono, la cobardía o la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación". Aunque la declaración del Presidente es loable, lo cierto es que además de valor se necesita cambiar la estrategia actual, no sólo del gobierno federal sino del Estado mexicano. Los homicidios en contra de funcionarios públicos de las áreas de seguridad y justicia de los tres niveles de gobierno en los últimos dos años y particularmente en días recientes contra altos funcionarios federales, anticipan no sólo la continuación del estado de cosas, sino una escalada de mayor violencia. La razón es que la violencia que hoy genera el narcotráfico conlleva un mensaje político de importante simbolismo: el desafío a las instituciones mediante actos terroristas y actos de propaganda. Por ello es necesario redefinir la estrategia de seguridad y su actual arquitectura institucional, por obsoleta, insuficiente, ineficiente y permeada por la corrupción. Las experiencias internacionales exitosas demuestran que las estrategias de exclusivo carácter punitivo sólo incrementan la violencia y postergan las soluciones requeridas. También es necesario cambiar el rumbo, si nos atenemos al dicho presidencial de que "seguiremos en nuestro propósito a sabiendas de que es una estrategia que sólo rendirá frutos en el largo plazo, que implicará tiempo, dinero y pérdida de vidas humanas". Si la estrategia es a largo plazo, entonces es obligado que todo este capital social tenga un proyecto claro y objetivos definidos que permitan sumar a sociedad y gobierno, al Estado mexicano en su conjunto, en una iniciativa en la cual se juega nuestra viabilidad como nación.
A lo largo de la historia, mientras los Estados Unidos de América han luchado por alcanzar los objetivos planteados en sus estrategias de seguridad nacional, México ha jugado un papel importante, no tanto como aliado, sino como blanco de dichas políticas o, en su defecto, como chivo expiatorio de sus fracasos. Después de los ataques terroristas del 11/S, este patrón tiende a repetirse: México sirve una vez más como actor de reparto, representando el papel de una frontera porosa que debe ser sellada para proteger a la Homeland de la amenaza del terrorismo. Desde la óptica gubernamental de Estados Unidos, el pueblo estadounidense está en "guerra", y la contienda no sólo es militar sino que también es una "cruzada" política y moral. Para México es urgente reconocer y entender las premisas en las que se basa esta nueva guerra atemporal contra un enemigo no convencional: 1. Para ellos la situación de guerra es real; 2. El tema servirá para impulsar su amplia gama de intereses globales y regionales; 3. El tema del terrorismo no es un tema transitorio o partidista, ya forma parte de la estructura social estadounidense.
"ORAR sí..., ¡pero de pie...! Morelia está herida pero no está muerta... ¡Ánimo...! Nada recomendable abandonarnos ahora a una excesiva aflicción y tristeza, que nos harán perder la serenidad y el valor para enfrentar al fantasma de la inseguridad, el terrorismo y la corrupción..."Supra: Enrique Castro.
Derecha: Samuel Herrera Jr.
La Voz de Michoacán.
http://www.vozdemichoacan.com.mx/columnas/tocamal000332.html
Having madeThe 9/11 Commission Report understandable for everyone, the award-winning, bestselling graphic novel team of Sid Jacobson and Ernie Colón use all their considerable talents to explain the post-9/11 world. Working from news reports drawn from multiple international media, Jacobson and Colón depict the critical events, decision makers, and consequences of America’s “war on terror,” and, most important, the context in which the war began, unfolded, and unraveled. The most demanding story they have ever tackled, After 9/11 is also the most tailor-made for their medium, capturing simultaneous events, geographic complexity, numerous participants, and a vast array of economic, statistical, and quantitative information—compellingly told through the sequential panel art narrative form unique to graphic books. Proving yet again that graphic novels best meet the challenge of giving the most information with the least amount of ink, Jacobson and Colón answer with clarity and unforgettable imagery the question: How the hell did we end up where we are?
El Diplomado ENLACES tiene como objetivo la profesionalización y actualización académica de ejecutivos, directivos y funcionarios en áreas de especialización dentro de la seguridad tanto pública como privada.
For the first time since the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, issues of national security no longer dominate political discourse. Rising energy costs, the subprime mortgage implosion, and other domestic imperatives now monopolize the national conversation. In a recent poll conducted by the Pew Research Center for the People & the Press, Americans ranked terrorism as the country’s 10th-most important priority—behind healthcare, education, and the federal budget deficit. But even as attentions shift, the wars in Iraq and Afghanistan have become the longest U.S. military engagements in a century, with the exception of Vietnam. Around the world, terrorists have continued to strike with deadly effect—from Athens and Paris to Beirut and Baghdad. The upcoming presidential election presents the United States with a choice about how it will seek to combat this threat, even as, somewhere, terrorists might be plotting their next attack. Wherever the war on terror may exist in the public’s consciousness, there is no doubt that it rages on. But is it making the United States safer? To find out, each year Foreign Policy and the Center for American Progress survey the very people who have run America’s national security apparatus during the past half century. Surveying more than 100 top U.S. foreign-policy experts—Republicans and Democrats alike—the Foreign Policy/ Center for American Progress Terrorism Index is the only comprehensive, nonpartisan effort to poll the highest echelons of the country’s national security establishment for its assessment of how the United States is fighting the war on terror. First released in July 2006, then again in February and September 2007, the index attempts to draw definitive conclusions about the war’s priorities, policies, and progress. Its participants include people who have served as national security advisor, director of the Central Intelligence Agency, senior White House aides, top Pentagon commanders, seasoned intelligence professionals, and distinguished academics.