El presidente Felipe Calderón aseguró (12/05/2008) que la estrategia en contra de la delincuencia organizada no se modificará y sólo se afinará, y afirmó que su gobierno no se va a sumar "al abandono, la cobardía o la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación". Aunque la declaración del Presidente es loable, lo cierto es que además de valor se necesita cambiar la estrategia actual, no sólo del gobierno federal sino del Estado mexicano. Los homicidios en contra de funcionarios públicos de las áreas de seguridad y justicia de los tres niveles de gobierno en los últimos dos años y particularmente en días recientes contra altos funcionarios federales, anticipan no sólo la continuación del estado de cosas, sino una escalada de mayor violencia. La razón es que la violencia que hoy genera el narcotráfico conlleva un mensaje político de importante simbolismo: el desafío a las instituciones mediante actos terroristas y actos de propaganda. Por ello es necesario redefinir la estrategia de seguridad y su actual arquitectura institucional, por obsoleta, insuficiente, ineficiente y permeada por la corrupción. Las experiencias internacionales exitosas demuestran que las estrategias de exclusivo carácter punitivo sólo incrementan la violencia y postergan las soluciones requeridas. También es necesario cambiar el rumbo, si nos atenemos al dicho presidencial de que "seguiremos en nuestro propósito a sabiendas de que es una estrategia que sólo rendirá frutos en el largo plazo, que implicará tiempo, dinero y pérdida de vidas humanas". Si la estrategia es a largo plazo, entonces es obligado que todo este capital social tenga un proyecto claro y objetivos definidos que permitan sumar a sociedad y gobierno, al Estado mexicano en su conjunto, en una iniciativa en la cual se juega nuestra viabilidad como nación.Razones del cambio
Un primer requisito para iniciar el cambio de estrategia es dejar de percibir al narcotráfico como el único factor que genera inseguridad, no sólo porque esta visión es limitada, sino porque supone orientar los recursos del Estado a combatir sólo una parte del problema. Es necesario considerar la multiplicidad de factores que inciden negativamente en la seguridad: 1) Elevados índices de criminalidad (del fuero federal y común); 2) existencia de grupos armados; 3) violaciones a los derechos humanos; 4) impunidad; 5) insuficiencias en el marco jurídico; 6) sistema penitenciario inoperante; 7) ineficacia de las instituciones; 8) corrupción; 9) desconfianza ciudadana; 10) ausencia de cultura de la legalidad y 11) delincuencia organizada.
Existe consenso entre especialistas en que la seguridad empieza a nivel local y es el fundamento para cualquier estrategia a nivel nacional, y que no existe estrategia de seguridad que funcione si no se reducen los niveles de pobreza e inequidad social existentes. Una de las condiciones para modificar la estrategia es cambiar a paradigmas que se adapten a las características culturales, políticas y técnicas de nuestra sociedad. Cualquier política de seguridad debe tener un carácter integral, pretender resolver el problema exclusivamente con estrategias de carácter militar, policial, penal o sectorial es limitado. Por ello otra condición es profundizar en la investigación científica y entender que ésta tiene una relación directa con la generación de políticas públicas. Si se destinan mayores recursos económicos a la investigación en materia de seguridad pública se puede promover conocimientos básicos, informar a los ciudadanos de cómo participar, orientar políticas y acciones, logrando con ello eventuales mejoras en la seguridad. Para cambiar la estrategia es necesario involucrar y desplegar una serie de acciones en diversos ámbitos: salud, educación, desarrollo, seguridad y justicia, legislación, información y tecnología, medios de comunicación y participación ciudadana. Los principios para la ejecución de una estrategia de seguridad integral son liderazgo, coordinación, consenso, confianza y voluntad de construir un futuro alternativo. Los principios anteriores deben aplicarse geográficamente a distintos niveles: internacional, nacional, regional, estatal y local. No existe una solución universal para reducir el delito, no basta una sola teoría, una práctica o un método. Se ha comprobado que el delito tiene una dimensión espacial, por lo tanto sus posibles soluciones tienen que ser diferenciadas, acorde con las circunstancias y recursos disponibles en un momento y un lugar determinado. La manera de desplegar este principio geográfico es a través de un método sencillo pero eficaz en el diseño de políticas públicas que consta de ocho etapas: recolección de información, análisis e interpretación de la información, selección de estrategias, elaboración de programas, capacitación, implantación, monitoreo y evaluación.
Conclusiones
En cualquier caso y con independencia del modelo de seguridad que se adopte, las políticas y acciones que de él se deriven tienen que ser aplicadas dentro de un régimen democrático y con pleno respeto a los derechos humanos; sin seguridad no puede haber democracia. Una estrategia integral puede ser un medio eficaz para alcanzar mayores niveles de calidad de vida, dado que parte del conocimiento científico, cuenta con incentivos para el consenso político, cumple demandas ciudadanas y, lo más importante, permite la construcción de una agenda de futuro que hace posible asignar recursos, sumar voluntades y asignar responsabilidades para lograr una sociedad más segura.
Publicado en Enfoque, Reforma 18 mayo 2008.
