En el Congreso de Estados Unidos se debate el proyecto denominado Merida Initiative to Combat Illicit Narcotics and Reduce Organized Crime Authorization Act of 2008, conocido en México como la Iniciativa Mérida. Dicho proyecto plantea una asistencia para México de 350 millones de dólares durante 2008 para que fortalezca sus instituciones de seguridad, impulsando también programas anticorrupción, transparencia y derechos humanos que mejoren la justicia y amplíen la cultura de la legalidad. La iniciativa supone una suma adicional de 390 millones para 2009 y 40 millones más para 2010. La asistencia sin embargo, tiene condicionamientos, por ejemplo: no se otorgará dinero a ninguna unidad de las fuerzas armadas, seguridad y justicia si existen "evidencias creíbles" que dichas unidades han cometido violaciones graves a los derechos humanos. Adicionalmente se imponen límites a los montos que las fuerzas armadas puede recibir anualmente, se especifica también que no se otorgará fondo alguno a la Secretaría de Seguridad Pública Federal hasta que el que el Registro Nacional Policial no esté funcionando en los tres niveles de gobierno. Al conocerse las condiciones de la ayuda, comenzaron en México los cuestionamientos y las críticas por el carácter intervencionista, no sólo de las condiciones sino de las prescripciones de política pública y cambios legislativos que la ley obliga. El atraso en la aprobación de la Iniciativa y la polémica generada, lo único que pone de manifiesto es que las relaciones bilaterales operan sobre paradigmas obsoletos que ya no permiten resolver los problemas comunes sino que, por el contrario, los agravan. El viejo modelo de relación lo ilustra el cartonista Naranjo en un trabajo publicado en los 90 donde el Tío Sam, muro de por medio, espeta a un mexicano: "¡Corrupto!", a lo que éste responde: "¡Mariguano!". Así, lo que a nivel de síntesis humorística resulta excelente, en el ámbito de las relaciones bilaterales es algo inadmisible. Ahora en el contexto de la discusión de la Iniciativa Mérida, los argumentos son banales e insuficientes para los retos históricos que el problema de la seguridad plantea para ambas naciones. Por la parte mexicana se repiten en público viejos clichés y se agregan nuevos: "Si México es el trampolín, EU es la alberca"; "México pone los muertos y EU los adictos". Mientras que en privado se reconoce que EU es el principal factor que influye, determina y en algunos casos dicta las políticas mexicanas para el control de drogas. Esta relación asimétrica ha hecho que EU utilice el tema de las drogas y su relación con México como un instrumento para alcanzar objetivos de política partidista doméstica, asegurando siempre que México desarrolle acciones en función de los objetivos de la estrategia global estadounidense.
No obstante, después de varias décadas de seguir este derrotero, el problema de las drogas sigue creciendo, y a pesar del relativo éxito de EU en moldear las políticas mexicanas, éstas han fracasado en lograr los resultados pretendidos: disminuir el flujo de drogas desde México hacia su territorio, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Drogas y Salud 2006 (National Survey on Drug Use and Health), el 8.3 por ciento de su población, esto es 20.4 millones de estadounidenses son usuarios consuetudinarios de drogas. Seguir apostando a las mismas y gastadas soluciones en ambos lados de la frontera sólo anticipa un escalamiento del problema.
No obstante, después de varias décadas de seguir este derrotero, el problema de las drogas sigue creciendo, y a pesar del relativo éxito de EU en moldear las políticas mexicanas, éstas han fracasado en lograr los resultados pretendidos: disminuir el flujo de drogas desde México hacia su territorio, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Drogas y Salud 2006 (National Survey on Drug Use and Health), el 8.3 por ciento de su población, esto es 20.4 millones de estadounidenses son usuarios consuetudinarios de drogas. Seguir apostando a las mismas y gastadas soluciones en ambos lados de la frontera sólo anticipa un escalamiento del problema.
Los mexicanos olvidamos rápido, pero los políticos mexicanos olvidan aún con mayor rapidez, tienen una peligrosa falla de memoria que los hacen vivir solamente en el presente. La dimensión del pasado se reduce a pocas semanas o aún a pocos días, se reduce a contar narcoejecutados y a hacer declaraciones de banqueta. Uno podría esperar que esta precariedad de la memoria se viera compensada con una visión de futuro, pero dada la percepción que tienen del tiempo, no es ninguna sorpresa que sean otros quienes nos marquen el rumbo de nuestra historia y que nos convirtamos no en protagonistas sino en víctimas de ella. Es tiempo de andar solos, recursos propios los tenemos, es cuestión de organización social y de apostar a un servicio público basado más en capacidades que en lealtades. En definitiva, la soberanía y el futuro de México no valen 780 millones de dólares pagaderos en tres exhibiciones de aquí hasta el 2010, justo cuando celebramos el bicentenario de la Independencia.
Publicado en El Norte, 8 de junio 2008.
