Terrorismo en México: víctimas y negación

Publicado en Reforma, Enfoque, 4 septiembre de 2011.

Los acontecimientos ocurridos el 25 de agosto de 2011 en Monterrey obligan a reflexionar sobre dos aspectos básicos de este acto de violencia extrema: la necesidad de cumplir con la obligación del Estado de garantizar la atención a las víctimas y el miedo que genera en amplios sectores de la clase política el catalogar este tipo de actos como terrorismo.

Derechos de las víctimas

Al margen de discusiones conceptuales, semánticas o jurídicas, el hecho es que el incendio provocado deliberadamente en el Casino Royale dejó 52 víctimas mortales y otras más heridas. Esto refiere a la obligación del Estado mexicano de cumplir con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. La declaración es clara y no deja lugar a dudas: "se entenderá por 'víctimas' las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros... podrá considerarse 'víctima' a una persona... independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador... en la expresión 'víctima' se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización". Es por lo tanto obligación de los Estados el garantizar el acceso a la justicia, un trato justo, el resarcimiento, la indemnización y la asistencia oportuna.

Un elefante en el cuarto

La expresión, de tradición anglosajona, se refiere a una situación en la que quien habita un espacio y enfrenta un gran problema prefiere, antes de enfrentarlo o reconocerlo, optar por la negación: no importan las incomodidades, alteraciones a la vida cotidiana e incluso los riesgos de tener una bestia al lado, lo mejor es ignorarlo.

En México, a pesar de las evidencias y que, desde el punto de vista jurídico y táctico, los acontecimientos trágicos de Monterrey tienen todos los elementos para ser clasificados como "terrorismo", se sigue sin reconocer que el terrorismo es ya una realidad insoslayable. Reconocer o no al terrorismo no es una mera discusión semántica o académica, la respuesta a la pregunta tiene implicaciones prácticas en términos de políticas públicas, y sobre todo puede salvar vidas. En este sentido fue significativo, aunque tardío, el reconocimiento del gobierno federal a calificar en sus primeras declaraciones el atentado contra las personas mediante un incendio como un hecho de "terror". Algo que procuraron negar en el ataque terrorista del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, en los asesinatos masivos de jóvenes en Ciudad Juárez y Torreón durante 2010, o incluso en la explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez ese mismo año. Ello sin contar, por ejemplo, los ataques a los ductos de Pemex en 2007, entre muchas otras acciones que podrían encuadrar dentro de la tipificación del delito de terrorismo y que no necesariamente han sido perpetradas por la delincuencia organizada.

Por eso llama poderosamente la atención la diversidad de reacciones que los hechos de Monterrey suscitaron en diversos sectores de la sociedad: ciudadanos organizando cacerolazos, manifestaciones, llamados en redes sociales a censurar a sus gobernantes de los tres niveles no acudiendo a los festejos patrios en septiembre; escritores mexicanos laureados internacionalmente sugiriendo la ayuda de policías europeos; dirigentes de asociaciones civiles exigiendo el toque de queda, el gobierno federal mandando tropas y contingentes policiales.

Y, en este contexto de ocurrencias, importantes personajes de la vida pública regateando el uso del término terrorismo. Ante los acontecimientos de Monterrey lo que se observa es una sociedad dividida y pasmada frente a una delincuencia organizada y brutalmente letal.

Cuatro pasos

Mejorar los niveles de seguridad en México no es un asunto necesariamente de dinero o de leyes, a esas soluciones le hemos apostado todo nuestro capital y hemos fracasado. La solución apunta a la voluntad política, a la responsabilidad ética y al conocimiento científico. Aun la retórica de la participación ciudadana sin estos componentes no es sino un elemento decorativo y demagógico.

Son cuatro los pasos básicos para avanzar hacia la contención, reducción y eventual reducción de las acciones de la delincuencia organizada: 1) Reconocer la existencia del terrorismo. Aceptar claro y sin ambigüedades que las acciones que realiza la delincuencia organizada son actos terroristas. 2) Analizar vulnerabilidades. Partiendo del supuesto de que lo que se enfrenta es terrorismo, los recursos del Estado se deben emplear para diseñar e implantar políticas antiterroristas y de contraterrorismo. 3) Evaluar amenazas. Contar con guías para la evaluación de los niveles de amenazas. 4) Avanzar en el reconocimiento y aplicación de los derechos de las víctimas.

Una opción alternativa es continuar con el estado de cosas, que el Estado Mexicano siga firmando tratados internacionales contra el terrorismo, sus gobernantes emitiendo condenas y los actores públicos discutiendo los usos jurídicos o semánticos del término. Así, mientras los mexicanos decidimos implantar una política de Estado en materia de seguridad y justicia, bien podríamos comprar unas toneladas de cacahuates para alimentar al elefante, al menos en lo que pasan los tiempos electorales, apostando a la desmemoria y confiando en la fortuna.

Fuente de la imagen: Bansky durante su instalación "Elephant in the room":

http://www.youtube.com/watch?v=xq1sm2RN8bc

Terrorismo en México: realidad insoslayable

Publicado en Reforma, Enfoque, 25 de jul 2010.

Los hechos de violencia registrados en días recientes en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde criminales detonaron un dispositivo explosivo improvisado matando a dos personas e hiriendo a otras siete, así como el atentado en una fiesta en Torreón, Coahuila, que dejó 17 personas muertas y 18 heridas, situaron en el debate público dos interrogantes: ¿estos hechos pueden catalogarse como terrorismo? y, en el caso específico del uso de explosivos en Ciudad Juárez, ¿el uso de esta táctica significa un escalamiento en el nivel del conflicto entre la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad gubernamentales?

La respuesta al caso de Torreón la dio el propio alcalde Eduardo Olmos Castro: "donde han muerto víctimas inocentes, civiles, para mí no existe otro calificativo que el de terrorismo... cuando es gente inocente la que cae, no queda otro término en mi vocabulario".

En ambos casos, tanto autoridades mexicanas como comunicadores nacionales han regateado el término "terrorismo" para describir los hechos. En el caso de Ciudad Juárez, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, declaró que no fue un acto terrorista porque no iba dirigido a civiles sino que: "el ataque estaba dirigido claramente contra la policía". Compartiendo esta posición, un diario nacional, entre la candidez y la ignorancia, señala en su editorial que "por rigor académico resulta dudoso llamar terrorismo a lo sucedido en Ciudad Juárez", ya que "las evidencias indican que el objetivo de la bomba era matar agentes federales".

Esta posición lo único que demuestra es la ausencia de una doctrina sobre terrorismo. Imaginar declaraciones en España diciendo que el coche bomba que estalló la banda terrorista ETA no fue terrorismo porque sólo iba dirigida a la Guardia Civil Española es sencillamente impensable. ETA ha matado decenas de elementos de la Guardia Civil, concejales, jueces, empresarios y civiles, y de acuerdo con el Estado español, son todos sin excepción víctimas del terrorismo. De la misma forma habría que preguntar a las autoridades estadounidenses, si el atentado hubiera ocurrido en El Paso, Texas, si habrían sido tan condescendientes en clasificar el hecho como algo "preocupante" pero no como terrorismo.

A quienes aún tienen dudas de si los actos que la delincuencia viene ejecutando pueden ser tipificados como delitos habría que remitirlos al Código Penal Federal, donde se señala que comete el delito de terrorismo el que "utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".

El uso de explosivos no sólo representa una escalada en la espiral de violencia, sino que el uso de esta táctica terrorista complementa las otras que ya viene utilizando la delincuencia organizada en México: explosivos lanzados (granadas), emboscadas, secuestros, homicidios e incendios. También es factible clasificar estos actos como terrorismo dado que sus objetivos inmediatos y de largo plazo coinciden con el de cualquier organización terrorista típica: buscar venganza, hostigar, debilitar o ridiculizar al gobierno, las Fuerzas Armadas u otras fuerzas de seguridad; impedir o retrasar decisiones o acciones de gobierno; demostrar poder o vulnerar la credibilidad gubernamental; mostrar la incapacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos, y forzar a la reacción del gobierno, sobrerreacción o represión ocasionando disentimiento público; interrumpir o desmantelar la infraestructura de apoyo de una fuerza contraria; influenciar el proceso de toma de decisiones a nivel internacional, regional, nacional o local.

Efectivamente, uno de los objetivos del terrorismo es generar miedo, que el diccionario de la lengua española define como "perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario". Esa sensación es la que la mayoría de los mexicanos tienen hoy ante la inseguridad que genera la delincuencia. Pero las autoridades también tienen miedo de llamar las cosas por su nombre. Es necesario reconocer la existencia del terrorismo en México y actuar en consecuencia. No diseñar e implantar una política de seguridad específica para enfrentar el terrorismo en México nos puede llevar a un escenario de violencia social inédito. Las discusiones semánticas, los discursos políticos y las condenas públicas no nulifican la maquinaria de muerte que es la delincuencia organizada, lo que se necesitan son acciones claras y contundentes en materia de terrorismo y contraterrorismo.

Ciudad Juárez: La hora decisiva

Publicado el 14 de febrero de 2010.

Mario Arroyo

Ciudad Juárez es hoy el espejo y el futuro de México. Acosada por la inseguridad y el miedo desde hace varios años, sigue siendo rehén de la delincuencia y de las pugnas políticas que impiden el consenso necesario para instrumentar una estrategia racional, científica y eficaz para reducir la criminalidad.Ante la situación de emergencia que se vive en la ciudad fronteriza, los diferentes niveles de gobierno continúan enfrentando el problema con "política" y no con "políticas".

En los últimos años ha quedado demostrado que la alternancia en el poder no es una variable que beneficie la provisión del servicio de seguridad pública. La desidia, improvisación y falta de visión de Estado de la clase política mexicana ha convertido a la seguridad pública, en lugar de una técnica de gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en una suerte de populismo: gastar dinero de forma irracional con el propósito de adquirir legitimidad, trabajar más en el imaginario colectivo que en resolver los problemas que la inseguridad genera. Buscar votos y no detener delincuentes ha sido el objetivo último de las acciones en ese rubro.

Durante las dos últimas décadas, políticos y gobernantes en México guardaron para sí lo que David Bayley denominó el mayor secreto de la vida moderna: que la policía no previene el delito. Algo que los delincuentes, los expertos, la policía y los gobernantes sabían, pero que los ciudadanos no.Hoy la mentira se ha develado, la farsa ha caído por el peso de la realidad, no sólo en Ciudad Juárez sino en innumerables municipios del País, no habrá estrategia de comunicación que pueda ya ocultar la realidad.

Para recuperar la seguridad perdida es necesario, más allá del discurso, utilizar un enfoque integral basado en nuevos paradigmas que se adapten a las características culturales, políticas y técnicas de cada comunidad. Ello incluye incorporar la investigación científica en seguridad pública, enfocándose no sólo en la criminalidad, sino también en otras variables estrechamente asociadas como la existencia de grupos armados, la violación a los derechos humanos, la impunidad, las insuficiencias en el marco jurídico, el sistema penitenciario, la naturaleza y funcionamiento de las instituciones, la corrupción, la cultura de la legalidad y, con métodos específicos, la delincuencia organizada.

El cambio también requiere integrar los avances de disciplinas como la planeación, la salud pública y los sistemas de información geográfica como una manera de hacer coherente la gran cantidad de datos que generan las distintas fuentes de información (estadística, policial, de inteligencia).El esquema de desagregación geográfica que se necesita incluye el ámbito internacional como referente general, pasando por los diferentes planos subsecuentes, que pueden ser divisiones administrativas, a un plano nacional, estatal, municipal, concluyendo en una etapa local, que puede ser definida en función de la naturaleza misma de la información (por colonia, barrio, área geoestadística básica).

En suma, lo que Ciudad Juárez y México requieren es una política criminológica de Estado que incluya al menos ocho pasos básicos: 1) Obtención de información; 2) Análisis e interpretación de la información; 3) Selección de estrategias; 4) Diseño de programas de prevención y control; 5) Capacitación y entrenamiento; 6) Ejecución de acciones; 7) Monitoreo de acciones y 8) Evaluación.

De quedarse en mero discurso la estrategia integral contra la inseguridad se abre la posibilidad de una situación de mayor conflicto y violencia, en tanto que las respuestas técnicas dadas a través de políticas públicas se seguirán postergando.Los daños a la población, la desconfianza hacia las instituciones, el sentimiento de inseguridad y el miedo al delito anticipan un deterioro aún mayor de la percepción positiva que se tiene de la democracia, que se reflejará en un mayor abstencionismo electoral y una baja participación ciudadana en general en los asuntos públicos, la seguridad incluida, dejando una ventana de oportunidad para que gobernantes y políticos, a pesar de su baja confianza y credibilidad, dejen inermes a los ciudadanos frente a la delincuencia.

Si sigue el estado actual de cosas se generará un círculo perverso donde ni la alternancia partidista ni la democracia representarán medios útiles para mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los mexicanos. De no actuar, lo que está en riesgo es la viabilidad de la democracia como forma de gobierno y de México como Nación.

Ha llegado la hora decisiva.

Plan de seguridad en la frontera

El 24 de marzo, la Casa Blanca anunció que la administración estaba centrada en todos los aspectos de la relación bilateral con México porque ésta es vital para sus intereses nacionales.Por ello, Estados Unidos lanzó una serie de acciones bajo el nombre Política de Seguridad en la frontera EU-México: una respuesta comprensiva y de compromiso.Esta política de seguridad tiene tres componentes principales: a) la iniciativa Mérida, que prevé una "inversión" de 700 millones de dólares en 2009 para colaborar con el gobierno de México en fortalecer su capacidad en la aplicación de la ley y su aparato judicial, así como para trabajar conjuntamente en contra de los cárteles de las drogas; b) el despliegue de recursos a la frontera sur por parte del Departamento de Justicia, de Seguridad Interna y del Tesoro; y c) el renovado compromiso de reducir la demanda de drogas ilegales internamente.Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interna, declaró ante el Senado de Estados Unidos que la violencia en México no sólo era una amenaza internacional, sino un tema de seguridad interna que ellos deben mantener bajo vigilancia. De visita en México, la Secretaria de Estado Hillary Clinton advirtió que la delincuencia organizada trata de corroer mediante la violencia los cimientos de la ley, el orden, la amistad y confianza que existe entre ambas naciones, pero que no lo lograrán.

La pregunta es si con esta política de seguridad se podrán contener las acciones violentas del narcotráfico y sus terribles consecuencias sociales.Al considerarnos como parte de una misma familia que comparte una misma casa, ¿cuál será el futuro común que Clinton imagina? ¿Uno de prosperidad y seguridad o uno de conflicto y violencia? La política de seguridad para la frontera sur impulsada por la administración Obama es una respuesta que en el ámbito bilateral y local puede fortalecer la lucha mexicana contra el crimen organizado. El aspecto más positivo es el reconocimiento explícito de que Estados Unidos es corresponsable del problema al mantener un mercado de 20 millones de consumidores de drogas, al no mantener un control estricto de armas y dinero ilegal que surte y financia a los cárteles mexicanos.La solución propuesta, sin embargo, tendrá alcances limitados en tanto que sólo ofrece estrategias de control reactivas, basadas en equipamiento, intercambio de información y capacitación de carácter militar, policial y de justicia, dejando inalteradas las raíces sociales y culturales asociadas al problema del narcotráfico.Sin duda la iniciativa y sus componentes representan un avance importante, sobre todo si se le compara con las políticas estrictamente unilaterales que aplicó la administración Bush. El alcance mayor y los primeros beneficios serán notables en el lado estadounidense, ya que al incrementarse la vigilancia en la frontera sur, sin duda afectará el trasiego de drogas hacia su territorio, tal y como ocurrió con el cruce de inmigrantes.Pero, por otro lado, incrementará los problemas del lado mexicano, que a pesar de la asistencia técnica y financiera, no se cuenta con cuerpos de seguridad capaces en el corto plazo de hacer frente a los efectos perversos que tendrá el sellamiento en la frontera.La reflexión final es poner de manifiesto la necesidad que debe existir en ambos gobiernos y en sus sociedades, de que la situación crítica de inseguridad y violencia obliga a tomar acciones conjuntas, que realmente fortalezcan no sólo la cooperación bilateral, sino que permitan abordar de forma integral y homogénea el combate al crimen organizado.

Uno de los cambios implica reconocer la dimensión transnacional de la delincuencia organizada y cómo ésta afecta el desarrollo social y económico de América del Norte y Centroamérica. Por consiguiente, cualquier iniciativa debe trascender lo bilateral y concebirse como regional, complementar el enfoque militar y policiaco con uno de desarrollo y, finalmente, actuar en el plano estrictamente local, fortaleciendo las capacidades locales de respuesta, tanto en estados como en municipios fronterizos.La advertencia para ambos gobiernos es que los temas de seguridad y migración, principalmente, deben abordarse con un enfoque de políticas públicas (policy) y no en términos políticos (politics).En caso contrario se pueden generar consecuencias no deseadas, promoviendo un "choque de culturas" impulsado por los sectores más retrógradas y trasnochados de ambas naciones, poniendo en peligro nuestro futuro común, y olvidando que el verdadero enemigo es la delincuencia organizada.No hay opción: compartir el éxito o la derrota.

Publicado en El Norte, 29 marzo 2009.

Lecciones del 15-S

El atentado terrorista ocurrido en Morelia el 15 de septiembre del 2008 (15-S) será recordado como el inicio de una nueva etapa en la vida de nuestra nación donde la violencia traspasó el umbral de lo tolerable. Después del 15-S nada será igual y nada debe ser igual. ¿Qué lecciones podemos aprender de este trágico acontecimiento?

1. Reconocer la existencia del terrorismo. Aceptar claro y sin ambigüedades que las acciones que realiza la delincuencia organizada son actos terroristas. Si se analizan las tácticas utilizadas por los terroristas en otros países, tales como el uso de explosivos, emboscadas, secuestros, homicidios e incendios, encontramos que todas estas conductas son utilizadas hoy en México y están claramente tipificadas en el Código Penal Federal como terrorismo. También es factible clasificar estos actos como terrorismo dado que sus objetivos inmediatos y de largo plazo coinciden con el de cualquier organización terrorista típica: buscar venganza; hostigar, debilitar, o ridiculizar al Gobierno, las fuerzas armadas u otras fuerzas de seguridad; impedir o retrasar decisiones o acciones de Gobierno; demostrar poder o vulnerar la credibilidad gubernamental; mostrar la incapacidad del Gobierno para proteger a sus ciudadanos, y forzar a la reacción del Gobierno, sobrerreacción o represión ocasionando disentimiento público; interrumpir o desmantelar la infraestructura de apoyo de una fuerza contraria; influenciar el proceso de toma de decisiones a nivel internacional, regional, nacional o local.

2. Analizar vulnerabilidades. Partiendo del supuesto que lo que se enfrenta es terrorismo, los recursos del Estado se deben emplear para diseñar e implantar políticas antiterroristas y de contraterrorismo. Como paso inmediato urge que las agencias de seguridad, instituciones y empresas privadas realicen un análisis de vulnerabilidad, que consiste en examinar la interrelación entre los bienes a custodiar, las amenazas, las vulnerabilidades y las contramedidas que se deben implantar. Cubiertos estos cuatro procesos se debe diseñar una política de seguridad que defina las acciones de seguridad física, operativa y de personal necesarias. Se requiere también generar una cultura e infraestructura de asistencia a víctimas que incluya: atención oportuna, información, protección, reparación del daño, ser tomado en cuenta por el sistema de justicia y asistencia psicosocial. Estas políticas se deben hacer transparentes y derivarse a conocimientos prácticos a través de sistemas de alerta que funcionen con procedimientos sistemáticos de operación, para que cada uno de los actores tanto gubernamentales, privados o ciudadanos en general, sepan con precisión cuáles son las actividades y tareas que cada quien tiene que realizar para prevenir o protegerse en caso de una amenaza o ataque terrorista.

3. Evaluar amenazas. Contar con guías para la evaluación de los niveles de amenazas. En tanto que, en una situación de crisis y de miedo es difícil responder a cualquier signo o falsa alarma -estrategias frecuentemente utilizadas por los terroristas-, es necesario evaluar su nivel de peligro en función de los siguientes criterios: a) Existencia previa de la amenaza: aplica cuando un grupo terrorista tiene actividad en el área de preocupación; el grupo no necesariamente tiene que haber representado una amenaza en el pasado. b) Capacidad: aplica cuando un grupo terrorista tiene el potencial para realizar una operación en contra de los intereses en el área de preocupación; esto incluye recursos como inteligencia, movilidad, personal y equipo (explosivos, armas y municiones). c) Historia: aplica cuando los actos o conductas del grupo terrorista reflejan una posición contraria a los bienes a custodiar o incluye ataques previos. d) Tendencias: aplica si el grupo ha desplegado durante el último año actividad terrorista que parece continuar o incrementarse; la actividad no necesariamente tiene que ser violenta, pueden ser simplemente declaraciones de amenazas.

Conclusiones

No diseñar e implantar una política de seguridad específica para enfrentar el terrorismo en México nos puede llevar a un escenario de violencia social inédito. Los discursos políticos y las condenas públicas no nulifican la maquinaria de muerte que es la delincuencia organizada, lo que se necesitan son acciones claras y contundentes en materia de antiterrorismo y contraterrorismo.

Publicado en El Norte, 21 septiembre 2008.

Seguridad y populismo

Si se analizan los compromisos firmados en la XXIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto, se puede anticipar que en el corto plazo no disminuirán la criminalidad, el miedo al delito y los daños a la integridad y el patrimonio de los mexicanos. El documento parte de un paradigma reactivo y obsoleto, donde las acciones planteadas repiten fórmulas que han demostrado ser insuficientes para mejorar los niveles de seguridad. Hoy, aunque sea de forma retórica, gobierno y sociedad comparten el diagnóstico de que la impunidad y la corrupción son los principales factores que impiden avanzar en la contención del delito. Por ello es legítimo preguntarse: ¿por qué otorgar más recursos económicos a soluciones sin antes hacer los cambios estructurales necesarios?

Tal vez la respuesta sea que la seguridad pública se ha convertido en una suerte de nuevo populismo: gastar dinero de forma irracional con el propósito de adquirir legitimidad, trabajar más en el imaginario colectivo que en resolver los problemas que generan las conductas antisociales, delictivas o violentas. Buscar votos y no detener delincuentes serían los objetivos últimos de la actual política de seguridad; convencer a la gente que el problema se resuelve "limpiando", "depurando" y capacitando a las policías. Un discurso con el cual los políticos usufructúan los recursos públicos, medran con el temor ciudadano y se quedan para sí lo que David Bayley llamó el secreto mejor guardado de la vida moderna: "La policía no previene el delito". Algo que los delincuentes, los expertos, la policía y los gobernantes saben, pero que los ciudadanos no.

¿Qué debe hacer entonces la sociedad ante la necesidad de seguridad y la falla del Estado para proveerla? En primer lugar, informarse y generar esquemas de participación ciudadana que superen la desidia, la apatía y la simple protesta. En segundo, ser tomada en cuenta al momento de diseñar políticas y tomar decisiones, evitando que sus líderes sean cooptados por el poder público. En tercer sitio, es necesario establecer alianzas institucionales que permitan ser copartícipes en la toma de decisiones y, finalmente, ejercer un control ciudadano en determinadas esferas de la seguridad pública. Esta última forma de participación ciudadana, de carácter radical, sería innecesaria en un régimen democrático donde las autoridades están sujetas a esquemas de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en el caso de México parece que una vez más la sociedad civil, tal y como ocurrió con el tema electoral en su oportunidad, tiene que elevarse por encima de su clase política. Mientras que los compromisos del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se cumplen y son evaluados, los ciudadanos debemos exigir un aumento en la percepción de la seguridad, empíricamente verificable, y la reducción en tres indicadores básicos: 1. La reducción de los delitos registrados, que se supone será monitoreada por ciudadanos; 2. La disminución de la victimización y su correspondencia con la cifra oculta, es decir con los delitos no denunciados, y 3. La disminución en la prevalencia en el consumo de drogas.

En este proceso los empresarios, organismos no gubernamentales, universidades y centros de estudio, entre otras organizaciones públicas y privadas, tienen una gran responsabilidad y deben utilizar su liderazgo y capacidad de generar conocimientos y acción social para que el Estado diseñe una verdadera política integral de seguridad (véase Enfoque 18 de mayo del 2008). No se trata de sustituir o relevar al Estado de sus funciones esenciales básicas de brindarnos seguridad, sino de sumar esfuerzos con él. Para ejercer este liderazgo la sociedad debe impulsar cuatro acciones fundamentales: 1. Ejercer una participación real e informada en los distintos foros de seguridad, tales como consejos ciudadanos, dejando de ocupar esos espacios como mera comparsa y testigo mudo de la ineficacia gubernamental; 2. Ejercer una verdadera labor de supervisión y vigilancia a los poderes públicos para que los puestos de los responsables se asignen con criterios profesionales y no de lealtades personales; 3. Fortalecer o crear organizaciones apartidistas, técnicas y científicas que diseñen las políticas de seguridad que el Estado no está generando, y 4. Formar recursos humanos, en seguridad, criminología, victimología y política criminológica fuera de las instituciones de seguridad. Si atendemos las cifras que se erogan como parte del presupuesto público en materia de seguridad o los costos que la inseguridad tiene para la sociedad mexicana, destinar una pequeña fracción de este gasto a investigación científica y formación de recursos humanos sería un gran avance, empezaríamos a romper este nudo gordiano de la inacción gubernamental y a dotar de sentido a una estrategia de seguridad hoy ausente.

Publicado en Enfoque, Reforma 7 septiembre 2008.

Iniciativa Mérida

En el Congreso de Estados Unidos se debate el proyecto denominado Merida Initiative to Combat Illicit Narcotics and Reduce Organized Crime Authorization Act of 2008, conocido en México como la Iniciativa Mérida. Dicho proyecto plantea una asistencia para México de 350 millones de dólares durante 2008 para que fortalezca sus instituciones de seguridad, impulsando también programas anticorrupción, transparencia y derechos humanos que mejoren la justicia y amplíen la cultura de la legalidad. La iniciativa supone una suma adicional de 390 millones para 2009 y 40 millones más para 2010. La asistencia sin embargo, tiene condicionamientos, por ejemplo: no se otorgará dinero a ninguna unidad de las fuerzas armadas, seguridad y justicia si existen "evidencias creíbles" que dichas unidades han cometido violaciones graves a los derechos humanos. Adicionalmente se imponen límites a los montos que las fuerzas armadas puede recibir anualmente, se especifica también que no se otorgará fondo alguno a la Secretaría de Seguridad Pública Federal hasta que el que el Registro Nacional Policial no esté funcionando en los tres niveles de gobierno. Al conocerse las condiciones de la ayuda, comenzaron en México los cuestionamientos y las críticas por el carácter intervencionista, no sólo de las condiciones sino de las prescripciones de política pública y cambios legislativos que la ley obliga.

El atraso en la aprobación de la Iniciativa y la polémica generada, lo único que pone de manifiesto es que las relaciones bilaterales operan sobre paradigmas obsoletos que ya no permiten resolver los problemas comunes sino que, por el contrario, los agravan. El viejo modelo de relación lo ilustra el cartonista Naranjo en un trabajo publicado en los 90 donde el Tío Sam, muro de por medio, espeta a un mexicano: "¡Corrupto!", a lo que éste responde: "¡Mariguano!". Así, lo que a nivel de síntesis humorística resulta excelente, en el ámbito de las relaciones bilaterales es algo inadmisible. Ahora en el contexto de la discusión de la Iniciativa Mérida, los argumentos son banales e insuficientes para los retos históricos que el problema de la seguridad plantea para ambas naciones. Por la parte mexicana se repiten en público viejos clichés y se agregan nuevos: "Si México es el trampolín, EU es la alberca"; "México pone los muertos y EU los adictos". Mientras que en privado se reconoce que EU es el principal factor que influye, determina y en algunos casos dicta las políticas mexicanas para el control de drogas. Esta relación asimétrica ha hecho que EU utilice el tema de las drogas y su relación con México como un instrumento para alcanzar objetivos de política partidista doméstica, asegurando siempre que México desarrolle acciones en función de los objetivos de la estrategia global estadounidense.
No obstante, después de varias décadas de seguir este derrotero, el problema de las drogas sigue creciendo, y a pesar del relativo éxito de EU en moldear las políticas mexicanas, éstas han fracasado en lograr los resultados pretendidos: disminuir el flujo de drogas desde México hacia su territorio, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Drogas y Salud 2006 (National Survey on Drug Use and Health), el 8.3 por ciento de su población, esto es 20.4 millones de estadounidenses son usuarios consuetudinarios de drogas. Seguir apostando a las mismas y gastadas soluciones en ambos lados de la frontera sólo anticipa un escalamiento del problema.

Los mexicanos olvidamos rápido, pero los políticos mexicanos olvidan aún con mayor rapidez, tienen una peligrosa falla de memoria que los hacen vivir solamente en el presente. La dimensión del pasado se reduce a pocas semanas o aún a pocos días, se reduce a contar narcoejecutados y a hacer declaraciones de banqueta. Uno podría esperar que esta precariedad de la memoria se viera compensada con una visión de futuro, pero dada la percepción que tienen del tiempo, no es ninguna sorpresa que sean otros quienes nos marquen el rumbo de nuestra historia y que nos convirtamos no en protagonistas sino en víctimas de ella. Es tiempo de andar solos, recursos propios los tenemos, es cuestión de organización social y de apostar a un servicio público basado más en capacidades que en lealtades. En definitiva, la soberanía y el futuro de México no valen 780 millones de dólares pagaderos en tres exhibiciones de aquí hasta el 2010, justo cuando celebramos el bicentenario de la Independencia.

Publicado en El Norte, 8 de junio 2008.

Urge cambiar la estrategia

El presidente Felipe Calderón aseguró (12/05/2008) que la estrategia en contra de la delincuencia organizada no se modificará y sólo se afinará, y afirmó que su gobierno no se va a sumar "al abandono, la cobardía o la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación". Aunque la declaración del Presidente es loable, lo cierto es que además de valor se necesita cambiar la estrategia actual, no sólo del gobierno federal sino del Estado mexicano. Los homicidios en contra de funcionarios públicos de las áreas de seguridad y justicia de los tres niveles de gobierno en los últimos dos años y particularmente en días recientes contra altos funcionarios federales, anticipan no sólo la continuación del estado de cosas, sino una escalada de mayor violencia. La razón es que la violencia que hoy genera el narcotráfico conlleva un mensaje político de importante simbolismo: el desafío a las instituciones mediante actos terroristas y actos de propaganda. Por ello es necesario redefinir la estrategia de seguridad y su actual arquitectura institucional, por obsoleta, insuficiente, ineficiente y permeada por la corrupción. Las experiencias internacionales exitosas demuestran que las estrategias de exclusivo carácter punitivo sólo incrementan la violencia y postergan las soluciones requeridas. También es necesario cambiar el rumbo, si nos atenemos al dicho presidencial de que "seguiremos en nuestro propósito a sabiendas de que es una estrategia que sólo rendirá frutos en el largo plazo, que implicará tiempo, dinero y pérdida de vidas humanas". Si la estrategia es a largo plazo, entonces es obligado que todo este capital social tenga un proyecto claro y objetivos definidos que permitan sumar a sociedad y gobierno, al Estado mexicano en su conjunto, en una iniciativa en la cual se juega nuestra viabilidad como nación.

Razones del cambio

Un primer requisito para iniciar el cambio de estrategia es dejar de percibir al narcotráfico como el único factor que genera inseguridad, no sólo porque esta visión es limitada, sino porque supone orientar los recursos del Estado a combatir sólo una parte del problema. Es necesario considerar la multiplicidad de factores que inciden negativamente en la seguridad: 1) Elevados índices de criminalidad (del fuero federal y común); 2) existencia de grupos armados; 3) violaciones a los derechos humanos; 4) impunidad; 5) insuficiencias en el marco jurídico; 6) sistema penitenciario inoperante; 7) ineficacia de las instituciones; 8) corrupción; 9) desconfianza ciudadana; 10) ausencia de cultura de la legalidad y 11) delincuencia organizada.
Existe consenso entre especialistas en que la seguridad empieza a nivel local y es el fundamento para cualquier estrategia a nivel nacional, y que no existe estrategia de seguridad que funcione si no se reducen los niveles de pobreza e inequidad social existentes. Una de las condiciones para modificar la estrategia es cambiar a paradigmas que se adapten a las características culturales, políticas y técnicas de nuestra sociedad. Cualquier política de seguridad debe tener un carácter integral, pretender resolver el problema exclusivamente con estrategias de carácter militar, policial, penal o sectorial es limitado. Por ello otra condición es profundizar en la investigación científica y entender que ésta tiene una relación directa con la generación de políticas públicas. Si se destinan mayores recursos económicos a la investigación en materia de seguridad pública se puede promover conocimientos básicos, informar a los ciudadanos de cómo participar, orientar políticas y acciones, logrando con ello eventuales mejoras en la seguridad. Para cambiar la estrategia es necesario involucrar y desplegar una serie de acciones en diversos ámbitos: salud, educación, desarrollo, seguridad y justicia, legislación, información y tecnología, medios de comunicación y participación ciudadana. Los principios para la ejecución de una estrategia de seguridad integral son liderazgo, coordinación, consenso, confianza y voluntad de construir un futuro alternativo. Los principios anteriores deben aplicarse geográficamente a distintos niveles: internacional, nacional, regional, estatal y local. No existe una solución universal para reducir el delito, no basta una sola teoría, una práctica o un método. Se ha comprobado que el delito tiene una dimensión espacial, por lo tanto sus posibles soluciones tienen que ser diferenciadas, acorde con las circunstancias y recursos disponibles en un momento y un lugar determinado. La manera de desplegar este principio geográfico es a través de un método sencillo pero eficaz en el diseño de políticas públicas que consta de ocho etapas: recolección de información, análisis e interpretación de la información, selección de estrategias, elaboración de programas, capacitación, implantación, monitoreo y evaluación.

Conclusiones

En cualquier caso y con independencia del modelo de seguridad que se adopte, las políticas y acciones que de él se deriven tienen que ser aplicadas dentro de un régimen democrático y con pleno respeto a los derechos humanos; sin seguridad no puede haber democracia. Una estrategia integral puede ser un medio eficaz para alcanzar mayores niveles de calidad de vida, dado que parte del conocimiento científico, cuenta con incentivos para el consenso político, cumple demandas ciudadanas y, lo más importante, permite la construcción de una agenda de futuro que hace posible asignar recursos, sumar voluntades y asignar responsabilidades para lograr una sociedad más segura.

Publicado en Enfoque, Reforma 18 mayo 2008.

México: aliado o chivo expiatorio

A lo largo de la historia, mientras los Estados Unidos de América han luchado por alcanzar los objetivos planteados en sus estrategias de seguridad nacional, México ha jugado un papel importante, no tanto como aliado, sino como blanco de dichas políticas o, en su defecto, como chivo expiatorio de sus fracasos. Después de los ataques terroristas del 11/S, este patrón tiende a repetirse: México sirve una vez más como actor de reparto, representando el papel de una frontera porosa que debe ser sellada para proteger a la Homeland de la amenaza del terrorismo. Desde la óptica gubernamental de Estados Unidos, el pueblo estadounidense está en "guerra", y la contienda no sólo es militar sino que también es una "cruzada" política y moral. Para México es urgente reconocer y entender las premisas en las que se basa esta nueva guerra atemporal contra un enemigo no convencional: 1. Para ellos la situación de guerra es real; 2. El tema servirá para impulsar su amplia gama de intereses globales y regionales; 3. El tema del terrorismo no es un tema transitorio o partidista, ya forma parte de la estructura social estadounidense.

La pregunta para México es si esta perspectiva estadounidense hacia el terrorismo seguirá el mismo derrotero que los asuntos relacionados con la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales: un escenario caracterizado por la presión de Estados Unidos para imponer políticas, y la de México para aplicarlas. Considerando los resultados de la lucha antidrogas, lo más conveniente sería que las dos naciones encontraran nuevas formas de cooperación, y utilizaran el tema del terrorismo para reimpulsar de nuevo la agenda bilateral, incluyendo por supuesto el tema de la migración. Estados Unidos necesita decidir si usará a México como chivo expiatorio en su guerra global contra el terrorismo o adoptará un enfoque más comprensivo e incluyente que incorpore a México dentro de su estrategia de seguridad nacional como un aliado y no como subordinado. México, en este sentido, ha sido corto de visión al incluir en la relación bilateral sólo los temas migratorio y comercial, dejando fuera el tema de la seguridad, pero sobre todo relegando hacia adentro la reforma de su propio sistema de seguridad, que se ha convertido en una condición indispensable de Estados Unidos para avanzar en cualquier otro tema. La falta de entendimiento y de cooperación puede debilitar la efectividad de las medidas de contraterrorismo, no sólo en la frontera común, sino dentro del propio territorio mexicano, poniendo en riesgo las vidas y propiedades tanto de mexicanos como de estadounidenses. Para transitar a una nueva era de cooperación activa, ambas naciones necesitan superar las deficiencias de sus actuales estrategias bilaterales de seguridad.

Deficiencias en las estrategias

Las debilidades de la estrategia de seguridad de Estados Unidos desde una perspectiva mexicana pueden dividirse tres: la "guerra contra el terrorismo" parte de una posición unilateral; Washington aborda el terrorismo y la migración en un mismo sentido político y de pánico moral y, como consecuencia de este tipo de abordaje, se promueve una mezcla de miedo y xenofobia en contra de la migración en general, y mexicana en particular (ya sea legal o ilegal). Entre las consecuencias que la "Ley del Muro" puede traer, está el aislar a México de Estados Unidos, rompiendo así cualquier acercamiento con uno de sus más cercanos aliados naturales. Esto no sólo afectará las relaciones diplomáticas, sino que también restringirá el libre movimiento de mercancías y de miles de ciudadanos, y en el caso de los estadounidenses que visitan o viven en México, habría que preguntarse: ¿dónde empieza y dónde acaba la protección de los ciudadanos norteamericanos, tomando en cuenta la capacidad y letalidad del terrorismo internacional?

Las debilidades de la estrategia mexicana contra el terrorismo internacional son diversas. En principio, México para poder establecer un diálogo y cooperación con Estados Unidos, tendría que reconocer que los ataques del 11/S también fueron un atentado contra su seguridad nacional, si no por alguna razón sofisticada, por el solo hecho de que entre las víctimas del World Trade Center de Nueva York, varias eran de nacionalidad mexicana. Como es sabido, la alta prioridad del terrorismo en la agenda del presidente George Bush alteró la principal prioridad de México: el tema migratorio. No obstante, México no ha definido una estrategia de seguridad nacional que le permita no sólo sobrevivir como nación en un mundo de riesgos globalizados, sino también ampliar su poder nacional. Tampoco México ha sido capaz de cambiar radicalmente el sistema de procuración y administración de justicia, que hoy es incapaz de resolver la demanda creciente de servicios que le imponen la delincuencia común y la organizada, y que estaría inerme ante un ataque potencial del terrorismo doméstico o internacional. Finalmente, otra falla de México es su incapacidad para brindar seguridad en sus fronteras, y por supuesto la inefectividad de las políticas públicas para retener a su fuerza laboral en el país y reducir la pobreza.

La advertencia para ambos gobiernos es que los temas de migración y terrorismo deben abordarse con un enfoque de políticas públicas (policy) y no en términos políticos (politics). En caso contrario, se pueden generar consecuencias no deseadas, iniciando lo que sería un "choque de culturas". En este escenario las dos naciones tienen responsabilidades iguales: cada una debe corregir las fallas de sus actuales estrategias de seguridad con el propósito de construir una relación de entendimiento mutuo, basado en la cooperación y la tolerancia cultural.

Publicado en Enfoque, Reforma 09 septiembre 2007.